Las siete contradicciones del 'postureo' independentista con la lengua

Mediáticamente, el Govern se alinea con el independentismo más recalcitrante, el que defiende una escuela solo en catalán, blinda la inmersión y llama a la desobediencia a los profesores. Pero judicialmente, la Generalitat ejecuta las sentencias que obligan a impartir un 25% de horario lectivo en castellano, defiende este idioma como vehicular y la autonomía de los directores de centro a la hora de adaptar (¿flexibilizar?) sus currículos en función de las necesidades sociolingüísticas. Éstas y otras contradicciones han aflorado en el caso de un colegio de Canet de Mar (Barcelona), donde el acoso a un menor ha obligado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a ordenar a la Consejería de Educación a proteger al niño.

1. Cambray insta a desobedecer, pero ejecuta la sentencia

Una de las contradicciones más llamativa es el activismo del consejero de Educación, Josep González-Cambray, quien lleva días utilizando la escuela de Canet como escenario de sus soflamas a favor de la inmersión y de la desobediencia de las sentencias. Pero se da la circunstancia de que, tal como ha publicado Crónica Global, el centro hizo una propuesta curricular en respuesta a "la resolución de 11 de noviembre, dictada por la Secretaría General (de la Consejería de Educación), por la que se me ordena el cumplimiento de la resolución judicial dictada el 14 de octubre de 2021". Así consta en un documento que obra en el expediente judicial, notificado el 26 de noviembre.

En el mismo se informaba de que, “en fecha 9 de diciembre de 2021 comenzarán a impartir en lengua castellana, como lengua vehicular, las franjas horarias marcadas en el horario que os adjuntamos".

2. ¿Obediencia a la Consejeria o autonomía de centro?

El Govern ha hecho bandera de la autonomía de centros en el sistema educativo catalán. Pero a la hora de aplicar la sentencias que obligan a impartir un 25% de horario lectivo en castellano, el departamento ha llamado a rebato a los directores de las escuelas para instarles a desobedecer y blindar la inmersión (aunque después sea la propia Generalitat la que curse la ejecución de las resoluciones judiciales).

En los recursos presentados ante los tribunales, el Govern redunda en esa autonomía para negar el derecho de los padres a pedir escolarización en castellano. "Es el centro docente el que, en su proyecto lingüístico, debe determinar el uso de las lenguas a lo largo de la enseñanza", explica el abogado de la Generalitat en su rechazo a elevar el castellano en la escuela Puig de les Cadiretes (Llagostera).

Y añade: "Una subrogación en las facultades organizativas de los centros, en concreto en la de decidir sobre el uso de las lenguas, afectaría, en definitiva, al principio de autonomía de los centros educativos".

3. "No hay problema lingüístico"

El Govern asegura que no existe un problema lingüístico en Cataluña e invoca sentencias del Tribunal Constitucional –el mismo que califica de franquista– que "reconocen el valor de cohesión social del sistema educativo catalán”. Así lo indica en sus recursos contenciosos, donde también hace referencia a resoluciones de alto tribunal, que aluden al catalán como "centro de gravedad del sistema lingüístico en el ámbito educativo, al tiempo que modula esta afirmación para que se garantice una presencia adecuada de la lengua castellana, dejando al poder público autonómico la función de organizar la enseñanza que se debe recibir en una y otra lengua".

Una convivencia lingüística, por tanto, que el jueves pasó por alto el consejero al negarse a hacer declaraciones en castellano, avalando así el monolingüismo que reclaman las asociaciones que se manifestaron al día siguiente cerca de la escuela de Canet de Mar. La investigación abierta por un posible delito de odio contra el menor de cinco años, al que el independentismo hiperventilado propone aislar o incluso apedrear, así como el auto del TSJC que ordena a la conselleria a adoptar medidas que garanticen la protección del niño, cuyos datos personales han sido divulgados por radicales secesionistas, no encaja con esa supuesta ausencia de conflicto.

4. ¿Atender a la realidad sociolingüística o blindar la inmersión?

La Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009 es el referente de quienes defienden la inmersión. Y también de un sistema lingüístico adaptado a la realidad sociolingüística que contempla esa ley, tal como reclama PSC o el propio exconsejero de Enseñanza, Josep Bargalló, en un documento que nunca prosperó. Ello implica de facto flexibilizar las horas de castellano y catalán, en función de la situación de cada centro. "La LEC prevé que los centros se adapten a la situación sociolingüística del centro. Este sistema permite garantizar la obligación constitucional y estatutaria de conocimiento de las lenguas oficiales mediante el sistema educativo", asegura la Generalitat en sus alegaciones judiciales.

"Y adecuar el sistema –añade-- a la realidad social de cada centro, sin que corresponda a nadie más que no sea la administración educativa la determinación de la citada presencia efectiva de cada lengua oficial, ya sea estableciendo un número de horas lectivas, ya sea fijando porcentajes o utilizando el sistema que sea (como delegarlo en los centros a la hora de hacer el correspondiente proyecto lingüístico) siempre que se garantice la consecución del objetivo final: la competencia lingüística en ambas lenguas".

5. Escuela en catalán 'versus' cooficialidad

La manifestación convocada el pasado viernes en Canet de Mar por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y el sindicato Intersindical-CSC, apoyada por Junts per Catalunya y CUP, defendió el monolingüismo pues, a su juicio, el catalán es la única lengua vehicular en la enseñanza. Una afirmación contraria a la LEC y el Estatut, como la propia Generalitat reconoce en sus escritos.

"El régimen aplicable no comporta una exclusión del castellano como una lengua vehicular, tal como se desprende de la lectura de la LEC, que prevé un régimen lingüístico plenamente adecuado al marco constitucional, como se pone de manifiesto ya desde un principio en su exposición de motivos, donde se afirma que el régimen lingüístico previsto se adecua a las previsiones del artículo 35.2 del Estatut, precepto estatutario que no niega ni impide el carácter de lengua vehicular del castellano".

"La LEC --concluyen—igual que el Estatut o la Ley de Política Lingüística, en ningún momento excluyen el castellano como lengua docente ni vehicular".

6. Coqueteos con la segregación y la doble línea escolar

La resolución del Tribunal Supremo, que avala un 25% de horario lectivo en castellano, ha supuesto un mazazo para quienes pretenden blindar una inmersión que se mantiene desde hace 30 años. De ahí que algunos opinadores de la órbita independentista planteen la segregación lingüística, esto es, una doble línea educativa donde los alumnos pueden elegir la enseñanza íntegramente en castellano o catalán.

Pero la LEC establece textualmente que "los alumnos no pueden ser separados en centros ni en grupos clase diferente por razones de su lengua habitual”. Por su parte, el Estatut advierte de que “los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos clase diferenciados por razón de su lengua habitual".

Pero el Govern optó por un método de atención individualizada, que sí prevé la LEC, aplicable a alumnos que, por expreso deseo de los padres o tutores, tengan que recibir la primera enseñanza en lengua castellana. "Un sistema avalado por los tribunales y que evita la separación de los alumnos en diferentes grupos por razón de su lengua”, afirma el Govern en sus impugnaciones judiciales, ya que la Justicia da por superado ese método después de 30 años de negarse a abordar el tema de forma pedagógica.

7. ¿Regresión del catalán o éxito del modelo?

Una de las mayores contradicciones de los gobiernos nacionalistas es denunciar el retroceso del catalán, al tiempo que defiende el éxito de la inmersión. La Generalitat adjunta abundante documentación, que incluye informes y sondeos, sobre la evolución del uso social del catalán.

En la causa sobre una escuela de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), con fecha del pasado mes de octubre, la Generalitat alega que "el proceso de normalización lingüística en Cataluña, después de 40 años de su aplicación, iniciada en los años 80, ha comportado en muchos ámbitos una mejora de la presencia de la lengua catalana (aunque últimamente se observa un retroceso en su uso, y es precisamente gracias a esta política que todas las nuevas generaciones de ciudadanos de Cataluña, cuando acaban la enseñanza obligatoria, están en condiciones de expresarse, tanto oralmente como por escrito, en las dos lenguas oficiales, como lo demuestran todos los estudios hechos tanto desde Cataluña como desde el estado, de tal manera que se puede afirmar que el sistema educativo cumple el mandato legal establecido por el artículo 10 de la LEC".