Antifraude investiga 22 denuncias de corrupción por el Covid

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) examina 22 casos de posibles irregularidades relacionadas con la pandemia del coronavirus. El fiscalizador investiga los expedientes, que incluyen casos de vacunación anómala de cargos públicos y compras dudosas de material sanitario contra el virus. 

Los datos los ha dado hoy el director de la OAC, Miquel Àngel Gimeno, tras una comparecencia en el Parlamento catalán para presentar la memoria del organismo coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupcion, que se puede consultar en este enlace. En su alocución, Gimeno ha admitido que la pandemia ha generado una alza de denuncias sanitarias.

Repunte de casos

Las quejas a la OAC por supuesta mala praxis pública, de hecho, llevan años aumentando. En 2021 son ya 405 los expedientes que examina Antifraude, un avance en comparación con las 335 denuncias recogidas en 2020. El pasado ejercicio y el presente, la nueva enfermedad ha acelerado esta tendencia. 

"En 2020 hubo una actividad muy importante por parte de la OAC, más si cabe por la crisis del coronavirus, que hizo aumentar el número de denuncias presentadas por diversos medios", ha reconocido el alto cargo. 

Los anónimos, "más protección"

El mayor trabajo del ente contra la corrupción en Cataluña lo alimentan, en una parte creciente, las denuncias anónimas. Desde que el equipo de Gimeno diera luz verde a este tipo de alertas, los expedientes han pasado de cerca de 150 a los 405 que se registran el año en curso. 

Ello lleva aparejada una necesidad, subraya la OAC. Se trata de la "necesaria" protección del denunciante, algo que deberían hacer las Administraciones públicas antes del 17 de diciembre de este año. Es la fecha límite para trasponer a la legislación nacional la llamada directiva whistleblower, que fija un marco legal para arropar a los ciudadanos que filtran presuntos casos de corrupción. 

Fondos Next Generation

En relación a los asuntos sobre la mesa, Antifraude destaca que la llegada de los fondos Next Generation de recuperación económica exige "más competencias" para el ente. La Oficina admite que el control --como el reparto-- se conducirá a nivel nacional, pero que la autonomía catalana puede ejercer algunas competencias en la materia. 

De hecho, el reparto de dinero comunitario para la reactivación de los sectores productivos afectados por la pandemia del coronavirus entraña un "riesgo de corrupción", según Antifraude. Por ello, se impone un control también a nivel regional, apostilla el director del ente.