El envejecimiento de la población en la Cataluña vaciada provoca la acumulación de patrimonio, lo que supone una tentación para inversores, así como para especuladores que se quieren aprovechar de la vulnerabilidad de esos propietarios de edad avanzada. Hasta el punto de que los ayuntamientos han impulsado talleres de asesoramiento jurídico. Muchas de esas fincas rurales no están registradas, algo que se remonta a tiempos inmemoriales.
De ahí que muchas operaciones se salden con compraventas que, en lugar de ofrecer oportunidades a jóvenes interesados en instalarse en zonas del Pirineo --limítrofes con Andorra, donde los inversores se sienten atraídos por esas fincas abandonadas--, acaban en manos de personas que abandonan los campos, abundando así en la despoblación y la falta de infraestructuras y de servicios.
Arantxa Goenaga es abogada, socia del despacho Círculo Legal Barcelona, y tiene experiencia en la compraventa de fincas en zonas rurales. “Me llegó el caso de la venta de una vivienda en un pueblo pequeño. Había dos posibles compradores: una familia joven que pretendía instalarse allí y un comprador suizo que buscaba una segunda residencia. Se quedó la vivienda el segundo, porque ofrecía más dinero. Como abogados, buscamos el máximo interés del cliente, pero en ese caso, el pueblo sale perdiendo. Al comprador no le interesaba trabajar las tierras, la zona se desertiza y las personas mayores se quedan sin servicios, sin médicos…”
Penalizar al abandono
Goenaga cree que se debería penalizar ese abandono. “Ocurre a menudo que clientes que heredan de sus padres una finca, luego la abandonan, se asilvestran las tierras, aumenta el riesgo de incendio... Los ayuntamientos deberían ponerse las pilas y no permitirlo. Los inversores especulan con esas viviendas rurales, mientras que los jóvenes que podrían estar interesados en instalarse allí y repoblar, no tienen suficientes ayudas”. A juicio de la letrada, “es responsabilidad de todos advertir a los vendedores de que el dinero no lo es todo, que hay que ser consciente de las consecuencias de la especulación”.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado un Plan de Recuperación que incluye 130 iniciativas, entre ellas, el establecimiento de incentivos o medidas de discriminación positiva (o, en su caso, excepcionalidades) en las ayudas a rehabilitación de viviendas, en áreas rurales y provincias afectadas por la despoblación.
Asimismo, contempla el fomento de líneas ya existentes en planes de vivienda con este objetivo --"será necesario definir los umbrales de densidad, declive demográfico, etcétera", indica el plan--, asi como de la implantación de población joven en áreas rurales y ámbitos afectados por la despoblación. Fomentar la puesta en valor y la rehabilitación del parque edificatorio y de viviendas en zonas rurales también son objetivo del Gobierno.
Fincas no registradas
Otro de los problemas que ha detectado la abogada Goenaga es que “algunas fincas no están registradas. Y eso, de cara a heredar o vender, es un problema. Antiguamente no se escrituraba”.
En este sentido, el decano del Colegio de Registradores de Cataluña, Vicente García-Hinojal, explica a Crónica Global que “en los pueblos, y eso ocurre más en zonas como Galicia o Zamora, no tanto en Cataluña, antes se confiaba en la palabra. El perito o práctico actuaba como notario y eso iba a misa. Es fruto de la desconfianza que generaban las instituciones en el siglo XIX”. Otro de los motivos que llevan a los propietarios a no registrar sus fincas tiene que ver con la evasión fiscal. Recuerda que “el registro de las fincas otorga una absoluta seguridad jurídica y protección ante cualquier tipo de agresión”.
Según describe García-Hinojal, en la Cataluña vaciada no se ha producido una terciarización de la economía, el sector servicios apenas existe y eso provoca el éxodo de los jóvenes y el envejecimiento de la población. Uno de los objetivos de García-Hinojal, que tomó posesión como decano de los registradores hace poco más de un mes, es precisamente hacer un estudio sobre las fincas rústicas y urbanas en Cataluña para detectar las que no están inscritas.
La Iglesia y Andorra
El concejal del Ajuntamiento de Peramola (Lleida) y consejero del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Toni Mas (Compromís), alude a la picaresca que genera el patrimonio que la población longeva acumula. “Tener una expectativa de vida larga provoca que algunos retrasen la decisión de cómo trasladar el patrimonio a unos herederos que no han sido precisamente ejemplo de afecto. Se resisten a revelar la ubicación del cofre, que es como se llama a la acumulación de fincas rústicas cuya tenencia suele estar en manos de otros”, afirma.
Según Mas, en esas zonas rurales es frecuente la figura del vitalicio, que viene a ser una renta que se obtiene hasta el fin de la vida, a cambio de la cesión de un patrimonio. “Esto hace que desde tiempo inmemorial, las entidades religiosas hayan acumulado fincas y dinero", explica.
Sirva de ejemplo que, en 2013, la Asamblea Anual de la Cofradía de la Virgen del Claustro, entidad que promueve el culto a la patrona de Solsona, dio cuenta del balance económico de la entidad, que generó en 2012 un superávit de 26.000 euros, especialmente gracias a los ingresos de las fincas rústicas y urbanas. “A este movimiento de fincas y patrimonios --añade el concejal--, cabe añadir la variable andorrana. Les viene bien un par de comarcas vecinas despobladas donde poder adquirir unas cuantas fincas para colocar su líquido".
Talleres para personas mayores
De la vulnerabilidad de las personas mayores que viven en zonas despobladas dan cuenta los talleres que el Consejo Comarcal del Solsonès y el Ayuntamiento de Solsona (Lleida) han organizado con el título Futur amb tracte, en el marco de la campaña de prevención de los malos tratos hacia la gente mayor, a cargo de un juez y un abogado, con la dinamización de los Servicios Sociales Básicos.
Los problemas de la Caluña vaciada fueron diagnosticados hace tiempo, pero no han sido resueltos. De ahí el auge de plataformas como Teruel Existe, que ha sustituido al procés independentista en las preocupaciones de PP y PSOE.
En 2015, el informe de la ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España, constituida en el Senado, ya advertía de que "las consecuencias de la despoblación son negativas para la economía y las perspectivas futuras de las zonas geográficas afectadas, al perder consumidores, mando de obra, atractivo para la inversión, masa crítica y economías de escala para la provisión de todo tipo de bienes y servicios, privados y públicos. Son provincias y zonas que, además, quedan como una población más añeja, ya que las personas que de ellas emigran son, mayoritariamente, individuos jóvenes y de mediana edad. Esto refuerza las tendencias generales a la pérdida de población y al envejecimiento social que genera el denominado invierno demográfico, debido principalmente a una natalidad insuficiente".