Los sindicatos Jupol y Jucil celebran la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) este viernes, que confirma que la Generalitat de Cataluña discriminó a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional durante la campaña de vacunación contra el Covid.
La sentencia asegura que “la Administración demandada incurrió en inactividad respecto a su obligación de asistencia sanitaria a los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en su labor de suministro de las vacunas frente al Covid-19”. Esa inactividad dio lugar, según el escrito, “a una diferencia de trato injustificado y discriminatorio respecto de los cuerpos nacionales en relación con los cuerpos policiales y de emergencia autonómicos y locales, a los que se les suministraron las vacunas de manera más rápida y eficiente”.
Las presiones del Govern
Desde el sindicato Jupol, uno de los denunciantes, esperan que el Govern acate lo recogido en el fallo para que esto no vuelva a suceder ni en este ni en otros ámbitos. “Valoramos muy positivamente esta sentencia, porque pone de manifiesto lo que llevamos denunciando desde la creación del sindicato”, declaran.
No obstante, y pese a la victoria judicial, los agentes aclaran que, a nivel general, se sienten discriminados y arrinconados por la Generalitat. “Estamos viendo que hay una presión para echar a los compañeros de Cataluña”, señala Jupol, que denuncia coacciones por parte del Govern para expulsar a la Policía Nacional de la Jefatura de Vía Laietana, en el punto de mira del independentismo, que la quiere convertir en "un museo de los horrores", según lamentan las fuentes policiales consultadas. En los últimos Presupuestos del Gobierno para 2022, negociados con ERC, se ha retirado la partida de dos millones de euros destinada al mantenimiento y conservación del histórico edificio. “Sin estos fondos, esperan poder declararlo inhabitable para que nos tengamos que ir”, afirman.
"Radicalización" independentista
Luis Mansilla, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Cataluña, apunta a Crónica Global que la sentencia confirma que la vacunación de agentes por parte de la Generalitat fue "arbitraria" y "no se ajusta a derecho", ya que la Administración autonómica solamente "vacunó a los suyos", dejando al resto de agentes "para el final".
Una vez el TSJC ordenó el pasado mes de abril vacunar a todos los agentes por igual, las cosas cambiaron: "La verdad es que incluso nos vacunaron antes, porque aquí fue ipso facto, en el resto de España había cierta lentitud", admite Mansilla, aunque considera que "si empezaron a vacunar fue porque el Tribunal Superior les obligó". De hecho, percibe una "radicalización" en el Ejecutivo catalán desde 2017 que ha puesto a los cuerpos de seguridad en el punto de mira: "Somos el bastión de la representación del constitucionalismo y ellos del separatismo. Todo lo que huela a España, pretenden quitarlo", lamenta.
Las reacciones
Jucil ha aplaudido en Twitter la sentencia, aunque ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el Gobierno no han hecho "absolutamente nada" ante esta situación. "La justicia nos da la razón", ha celebrado la asociación Jusapol, que ha felicitado a los servicios jurídicos. Por su parte, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil se ha preguntado si habrá dimisiones y la Asociación Pro Guardia Civil ha censurado que ni el Instituto Armado, ni el ministerio ni la fiscalía hayan "querido molestar a los cómplices de Gobierno".
Quien ha guardado silencio es la exconsejera de Salud Alba Vergés, máxima responsable sanitaria cuando estalló el conflicto. El mes pasado, la actual vicepresidenta primera del Parlament recibió una querella criminal por parte de Pro Guardia Civil por un delito de odio y seguridad en el trabajo. Una querella que según ella es "persecutoria" y "con un claro sesgo político". "La OMS nos felicita por la estrategia de vacunación y la Guardia Civil nos persigue", se lamentó.