El Parlament ha convalidado este miércoles el polémico decreto sobre energías renovables. La suma de las fuerzas del Govern, formado por ERC y Junts per Catalunya, y En Comú Podem han sacado adelante una norma muy contestada tanto por las organizaciones empresariales como por los promotores de energía limpia en la región. La medida ha contado con los votos en contra de PSC-Units, Vox, CUP, Cs y PP.
Pese a que desde el sector privado se instó al Ejecutivo catalán a tramitar el decreto para subsanar parte de su contenido, finalmente la reforma impulsada por la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, se ha aprobado en sesión plenaria sin dar pie a ningún debate en profundidad.
Las patronales, ninguneadas
La convalidación llega una semana después del frente unitario de Foment del Treball, Pimec y la Cámara de Comercio de Barcelona contra el decreto. Las principales organizaciones empresariales catalanas instaron a rectificar la norma y a ampliar la toma de decisiones en materia de políticas renovables a otras carteras del Govern.
Las tres entidades propusieron, incluso, la creación de un comisionado para la transición energética en Cataluña. Finalmente, ninguna de estas propuestas ha sido recogida por el Govern. Tampoco las reivindicaciones de agrupaciones sectoriales, como la patronal EolicCat, han sido atendidas por la Generalitat.
Medidas polémicas
En particular, las preocupaciones del sector se centran en la priorización del decreto de las instalaciones más pequeñas, inferiores a una potencia de cinco kilovatios, así como al poder otorgado a los ayuntamientos. A partir de ahora, los parques eólicos y fotovoltaicos deberán acreditar el acuerdo del 50% de los terrenos con los territorios así como una oferta del 20% de participación local sobre el capital. Sin estos requisitos, que algunas fuentes consideran que otorgan capacidad de veto a los ayuntamientos, los proyectos no recibirán la luz verde de la ponencia interdepartamental de energías renovables.
Ponencia que, además, lleva paralizada desde marzo. Precisamente, EolicCat ha expresado su incertidumbre ante la posibilidad de que los nuevos preceptos entren en vigor con efectos retroactivos. Si fuera así, el sector ha amenazado con presentar demandas millonarias contra el Govern por daños patrimoniales.