Carles Puigdemont continúa buscando argumentos para evitar ser detenido por el procés secesionista catalán. El expresidente de la Generalitat y los también eurodiputados de Junts per Catalunya (JxCat) Clara Ponsatí y Toni Comín --todos ellos, fugados de la justicia española-- le han preguntado al juez instructor del caso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, si ha dado instrucciones a las fuerzas de seguridad e Interpol para que las órdenes de detención en vigor que pesan sobre ellos, incluida la nacional, sean suspendidas.
La defensa de los prófugos sostiene que esas órdenes de detención deberían dejar de estar vigentes, aferrándose como argucia al hecho de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), tras desestimar que los fugados recuperen su inmunidad como eurodiputados, apuntara la semana pasada que su proceso penal "está suspendido hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la petición de decisión prejudicial" emitida por Llarena. Incluida la ejecución de las órdenes de detención.
Los abogados piden suspender el procedimiento penal
"Por medio del presente escrito venimos a interesar que, a los efectos legales oportunos, por el excelentísimo magistrado instructor de las presentes se nos informe sobre el estado del presente procedimiento penal, que el vicepresidente del Tribunal General ha considerado suspendido de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Protocolo número 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", indican en un escrito de tres páginas los abogados de los prófugos.
La defensa de Puigdemont aprovecha el fallo de la justicia europea para pedirle a Llarena si, conforme al "principio de cooperación leal, se han dictado las oportunas instrucciones para hacer efectiva la suspensión del presente procedimiento penal a todos los efectos".
"Especialmente en lo relativo a las distintas órdenes de detención emitidas en esta causa penal, comunicando dicha suspensión a las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como al Sistema de Información de Schengen y a Interpol", añaden. Lo cual afectaría, según los abogados, no sólo a la euroorden de detención, sino también a la orden de detención nacional. Asimismo, reclaman que se les entregue una copia de las notificaciones que el juez haya trasladado a estas partes.
Junts carga contra la democracia española
Todo ello ha sido aprovechado por el partido de los fugados, JxCat, para arremeter de nuevo contra la democracia española. Así, la diputada en el Parlament y concejal barcelonesa de la formación posconvergente, Elsa Artadi, ha preguntado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si "acatará" la decisión que, según ella y su partido, se infiere del TGUE, al hilo de esas euroórdenes.
"¿Hará como Polonia? ¿Se arriesgará a tener sanciones por parte de organismos europeos, o a poner en riesgo los fondos europeos por no acatar sentencias y decisiones que vienen de Europa? ¿Seguirá desobedeciendo o hará un giro, aunque sea por imposición de Europa?", ha manifestado.
La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi / JUNTS
La mandataria secesionista también se ha dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para preguntarles cómo asegurarán que policía y jueces acatan órdenes y respetan sentencias que, según la formación posconvergente, se toman en Europa.
Según Artadi, el auto del TGUE reconoce la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí y "desautoriza" la figura del juez Pablo Llarena.
Auto del TGUE
El pasado viernes 26 de noviembre, el TGUE rechazó devolver de manera cautelar la inmunidad europarlamentaria a Puigdemont tras su reciente detención y puesta en libertad en Cerdeña (Italia), al considerar que la orden europea de detención y entrega emitida contra él está suspendida en toda la UE mientras la Justicia europea resuelve la cuestión prejudicial remitida por Llarena.
El auto del vicepresidente del Tribunal europeo --que también afecta a las demandas presentadas por los otros dos eurodiputados de Junts, los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí-- apunta que las autoridades nacionales del resto de países de la UE, en virtud del principio de cooperación leal, deben tener en cuenta la "suspensión del proceso penal y de la ejecución de las órdenes de detención europeas dirigidas contra los diputados" hasta resolver la prejudicial.