Lo dijo la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, en declaraciones a Crónica Global: “El catalán ha sustituido a los políticos presos en la tensión nacionalista”. La reacción de los partidos independentistas a la resolución del Tribunal Supremo, que confirma la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas, así lo demuestra. Como también evidencia que, en materia de inmersión, ERC y Junts per Catalunya (JxCat) exhiben unidad y se conjuran para desobedecer a la Justicia. Se da la circunstancia de que, en el anterior mandato, los republicanos sí eran partidarios de flexibilizar la inmersión.
Un documento aprobado por el exconsejero de Educación, Josep Bargalló, defendía el refuerzo del castellano en centros escolares donde el catalán ya tenía un fuerte arraigo social. Hoy, la presión de JxCat, sobre todo del sector duro que lidera Carles Puigdemont, así como de entidades como Òmnium, Assemblea Nacional Catalana (ANC) y, sobre todo, Plataforma per la Llengua, favorables al monolingüismo escolar, ha arrastrado a ERC a esas posiciones. La posibilidad de flexibilizar la inmersión ha quedado olvidada en un cajón. Los republicanos, señalados por su "pactismo", han perdido ese pulso.
El documento
El documento El modelo lingüístico del sistema educativo en Cataluña. El aprendizaje y el uso de las lenguas en un contexto educativo multilingüe y multicultural, apostaba por reforzar en castellano en centros escolares donde el catalán tenía un fuerte arraigo social. Puede leerse en este enlace.
Decía ese documento: “En los contextos en los que el castellano no tiene fuerza social y no es la primera lengua de buena parte de los alumnos habrá que hacer un enfoque didáctico cercano al que usamos con las segundas lenguas (inmersión lingüística en el caso del catalán). Si el número de horas de exposición a esta lengua no fuera suficiente para alcanzar, al terminar el sistema educativo, el mismo nivel de catalán y de castellano, el centro deberá decidir, en su proyecto lingüístico, incorporar bloques de contenidos curriculares en castellano y planificar actividades que potencien la expresión oral de los alumnos”.
Cerrazón del Govern
Nunca se aplicaron esos criterios pedagógicos, que se ceñían a la autonomía de centros. Porque, tras la marcha de Bargalló, Josep González Cambray asumió ese cargo. Debutó con consigna independentista: "Sois los protagonistas de la nueva Generalitat republicana", aseguraba en una carta enviada a los directores de colegios catalanes.
El 'conseller' de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y la 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga, en rueda de prensa en la Generalitat / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Por el contrario, la Justicia ha ido avalando el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano. Porque, ante la cerrazón del Govern, esta es la vía que estas familias, asesoradas por AEB, han utilizado durante casi 30 años de inmersión. Ayer, el Supremo confirmó lo que otras sentencias habían avanzado. Que la escuela catalana debe impartir al menos un 25% de clases en castellano. La Consejería de Educación recurrió esos fallos con argumentos bastante sibilinos, pues tal como explicó este medio, en los recursos presentados ante el Supremo, el Govern negaba la legitimidad de las familias para cambiar el proyecto lingüístico de todo un centro escolar, pero no entraba en el fondo, es decir, que no cuestiona que el castellano también deba ser lengua vehicular, más allá del debate sobre los porcentajes. El Govern negaba la potestad de los padres, no solo a elegir el modelo educativo, sino a defender sus derechos.
División en la consejería
Mientras Cambray instaba a rebelarse contra las sentencias que anulaban la inmersión monolingüe en catalán, comunicados internos demostraban hasta qué punto ha sido influyente la hipersubvencionada Plataforma per la Llengua. El secretario de Políticas Educativas, Carles Martínez, admitió en un encuentro con representantes del mundo local la división existente en la consejería sobre el cumplimiento de las sentencias lingüísticas. Una de las vías era aceptar los porcentajes de un 25% en castellano y un 75% en catalán que marca la justicia “para, de esta manera, garantizar ese porcentaje mayoritario de lengua catalana en todos los centros. Esta postura está apoyada por la Plataforma per la Llengua”, dijo. La otra vía que estudia la consejería es “no entrar en los porcentajes, pues es una barbaridad desde el punto de vista pedagógico”, y proponer la elaboración de una nueva ley. “Aquí tendríamos un recorrido de unos tres o cuatro años más hasta la sentencia de Tribunal Constitucional”, añadía, anticipando así el propósito del Govern de agotar las vías judiciales.
Los partidos soberanistas han invocado siempre la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para blindar sus criterios lingüísticos. Una ley apoyada por el PSC, que durante años se mostró muy tibio en esta cuestión. Hasta que en noviembre de 2019 se produjo un punto de inflexión: la ponencia marco que el PSC presentó en su congreso denunciaba la “instrumentalización” de la lengua por parte de los nacionalistas, “especialmente en la escuela”, y apelaba a la diversidad lingüística y la “flexibilidad” que requiera la “realidad sociolingüística”.