El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado investigar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por los avales concedidos por el Institut Català de Finances (ICF) a los exaltos cargos de Govern encausados por el Tribunal de Cuentas por el gasto de dinero público en el procés secesionista.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, acuerda inadmitir a trámite las denuncias que presentaron Vox, Convivencia Cívica Catalana y Ciudadanos (Cs) contra Aragonès y sus consellers por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por la creación del denominado Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para avalar a los encausados por la Acción Exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.

Los alaves del ICF a esos altos cargos fueron finalmente rechazados por el Tribunal de Cuentas. 

 

Auto

En su auto, el TSJC se declara competente para recibir estas denuncias al tratarse de personas aforadas por sus cargos públicos, pero en el mismo documento acuerda inadmitirlas.

En concreto, el tribunal ha rechazado una querella que presentó Vox; una denuncia del líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, y otra de Convivencia Cívica Catalana. Todas ellas atribuían a Aragonès, Giró y Vilagrà los supuestos delitos de prevaricación y malversación.

Descarta la prevaricación

Los jueces no consideran que pueda haber un delito de prevaricación y afirman que el decreto que creó el Fondo Complementario de Riesgo para avalar a los encausados en el Tribunal de Cuentas fue un "genuino acto político" del Govern.

Además, señalan que el decreto no está redactado para un caso concreto, sino que tiene "vocación de generalidad" y se enmarca en las competencias autonómicas.

Respecto a este primer delito, los magistrados concluyen que al publicar el decreto "la Generalitat no dictó una mera resolución en un 'asunto administrativo', presupuesto de toda prevaricación administrativa".

... Y también la malversación

En cuanto a la presunta malversación, que las denuncias atribuyen a una supuesta arbitrariedad del decreto para proteger a los cargos públicos, los jueces recuerdan que la Generalitat tiene la obligación de proteger "el derecho a la indemnidad de los servidores públicos al menos hasta que no haya un pronunciamiento judicial que declare con carácter firme su responsabilidad".

La Fiscalía ya pidió al TSJC rechazar estas denuncias porque no consideraba que el decreto del Govern supusiera ningún delito, y le veía una finalidad "perfectamente lícita".

Fondo del ICF

La Generalitat creó este Fondo en julio ante la fecha límite para presentar los avales a las fianzas de los políticos secesionistas y ex altos cargos de la Generalitat encausados en el Tribunal de Cuentas por la Acción Exterior del procés, a los que reclamó 5,4 millones, aunque finalmente el Tribunal de Cuentas rechazó los avales del Govern.

El Ejecutivo de Aragonès creó el fondo con la intención de que una entidad bancaria presentara el aval a las fianzas y el fondo hiciera contraaval, y el decreto con el que se creó el fondo ya preveía que, si ninguna entidad bancaria avalaba a los afectados --como así ocurrió--, el ICF los avalaría directamente y el fondo haría de contraaval.

Finalmente, el ICF expidió los avales a los encausados, usando este Fondo como contraaval, tras lo que algunos grupos de la oposición presentaron varias denuncias por la creación de este fondo.