El Parlament ha constituido esta tarde la comisión de estudio del modelo policial, que estará presidida por la CUP, y que da cumplimiento a los acuerdos de investidura del presidente Pere Aragonès y los antisistem. El objetivo de este órgano parlamentario es hacer "la auditoría de Mossos más grande" hecha hasta ahora en el cuerpo de seguridad catalán, según palabras de Dolors Sabater, la diputada de la CUP que la presidirá.
La Mesa de este órgano tendrá como vicepresidente a Pau Morales (ERC), mientras que Mercè Esteve (Junts Per Catalunya) será la secretaria. De esta forma, todos los indepedentistas se reparten la mesa del organismo.
Malestar en el cuerpo
La iniciativa añade malestar a la policía autonómica que, el pasado 23 de octubre, se manifestó junto a las policías locales para pedir dignidad y el apoyo del Govern ante las agresiones que sufren los agentes. La Consejería de Interior, cuyo titular es Joan Ignasi Elena (ERC) también se ha comprometido con los antisistema a crear una oficina para fiscalizar la labor de los policías al margen de sus competencias y de la justicia.
Los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo colocando una cinta de "no pasar". El Prat / EUROPA PRESS
Esta iniciativa también recibió el apoyo de En Comú Podem y tensiona aún más a los Mossos por las competencias que sus promotores aseguran que tendrá. La CUP busca que esté formada por "independientes" y que tenga capacidad para sancionar a los agentes si consideran que se han sobrepasado en sus atribuciones en una actuación. El malestar interno en el cuerpo catalán llega al extremo de que el propio Mayor, Josep Lluís Trapero, barajaría dejar su cargo. Los rumores internos son cada vez mayores.
Votación de su puesta en marcha
La comisión de estudio del modelo policial en el Parlament es el resultado de una propuesta de ERC, JxCat, CUP y En Comú Podem. Ha sido aprobada con los votos a favor de estos grupos, mientras que Vox, Ciudadanos y PP han votado en contra y PSC-Units se ha abstenido.
La sesión parlamentaria también ha servido para poner en marcha otras dos comisiones de estudio menos polémicas. La primera, sobre salud mental y addicciones, y la segunda de protección del Delta de l’Ebre.