El bloqueo independentista dispara la batalla entre instituciones

¿Puede un órgano caducado fiscalizar las cuentas de una institución catalana? Puede y casi debe, pues es la única manera de soslayar la parálisis que genera la falta de acuerdo entre Junts per Catalunya y ERC. Sin embargo, la falta de renovación ha desatado una batalla entre estas entidades, cuyos miembros son elegidos por el Parlament. La Sindicatura de Cuentas, con sus siete miembros pendientes de ser sustituidos, le reprocha al actual Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que su cargo expirara hace ya dos años. Así lo hace constar en un informe que desvela irregularidades en la gestión del Defensor del Pueblo catalán. Otras 26 instituciones llevan años esperando nuevas designaciones. En total, 112 altos cargos se encuentran pendientes de renovación.

El detonante de esta pugna ha sido el informe que la Sindicatura de Cuentas de Cataluña hizo público el miércoles, donde destapa diversas irregularidades en la gestión del Síndic de Greuges --el defensor del pueblo autonómico-- durante el ejercicio de 2019. Entre ellas, el incumplimiento de un artículo de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, un fraccionamiento indebido de contrato y el elevado índice de temporalidad de su personal.

Dependen del Parlament

Entre las conclusiones, el órgano fiscalizador indica que “en la fecha de aprobación de este informe, septiembre de 2021, el mandato del síndico estaba vencido desde hacía dos años. La Sindicatura considera que las instituciones en este caso el Parlamento de Cataluña, deben prever en un tiempo razonable el relevo de los cargos con mandato caducado”.

Se da la circunstancia de que, en efecto, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, tiene su mandato caducado desde marzo de 2019. Su salario es de 129.300 euros al año.

Pero es que en la Sindicatura de Cuentas, todos sus miembros, un total de siete, están pendientes de relevo, entre los cuales se encuentra su Síndic mayor, Joan Amat. De estos siete miembros, tres finalizaron el cargo en 2017, uno en 2018 y otros tres en 2019. De ahí que, en el entorno del ombudsman catalán, más allá de lo que escuece ser señalados por su caótica gestión contable, se acuse a la Sindicatura de Cuentas de no predicar con el ejemplo.

Críticas

“Los actuales síndicos ejercen en funciones por tener el mandato parlamentario caducado desde hace bastante tiempo. El único síndico que dimitió cuando finalizó su mandato fue Andreu Morillas. Por dejación de funciones del Parlament, la dimisión es la única forma de forzar la renovación de cargos en la Sindicatura”, explican desde sectores críticos del órgano fiscalizador.

Portavoces de la Sindicatura de Cuentas afirman que el pasado 14 de octubre, miembros de esta institución se reunieron con la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para recordarle que la Cámara tiene pendiente de celebrar un Pleno de renovación.

Ambas sindicaturas forman parte de una lista de 28 instituciones donde hay 112 cargos públicos que deben ser designados o renovados. Pero los enfrentamientos entre los partidos independentistas, que tienen mayoría en el Parlament, han provocado que esos cambios se retrasen durante años. Además de la Sindicatura de Cuentas y el Síndic de Greuges, permanece bloqueada la renovación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), universidades, el Consejo de Garantías Estatutarias o la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP).

Debate judicial

Tal es la situación generada que esa caducidad genera ya debate judicial. Hace dos años, la GAIP exigió a la UAB, mediante la resolución 190/2019, que atendiera la petición de un periodista que pidió información relativa a los proyectos de investigación de una profesora del centro. Sin embargo, tal como publicó Crónica Global, la UAB rechazó obedecer a esta institución con el argumento de que tres de sus cinco miembros habían dimitido o cesado. Es decir, que no había quórum para tomar esa resolución. 

La UAB esgrimió estos argumentos en su recurso contra el dictamen de la GAIP presentado en la Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los magistrados los rechazaron. “La variación del número de miembros de la Comisión no afecta al funcionamiento normal de la misma”, indica la sentencia.