Carles Puigdemont ya dispone de un nuevo espacio en un céntrico local de Barcelona. El expresidente de la Generalitat fugado de la justicia, junto a los también eurodiputados y prófugos Toni Comín y Clara Ponsatí, han anunciado la apertura de la "oficina europarlamentaria" de Junts en el barrio del Born, cuyo objetivo es "atender a los electores" a través de un equipo de colaboradores que trabajará en el local.
La oficina, situada en la calle Bonaire, abrirá de lunes a viernes para que "cualquier ciudadano" pueda acudir a plantear sus "propuestas, ideas, quejas o inquietudes sobre el funcionamiento de la política europea" o de Cataluña, según anuncian los eurodiputados de JxCat en sus redes sociales.
"Símbolo de resistencia"
Según la versión de Puigdemont, Comín y Ponsatí, el edificio donde se aloja la oficina fue "el último que quedó en pie en el barrio de la Ribera que Felipe VI hizo demoler después de 1714", por lo que, según ellos, es "un símbolo más de resistencia y lucha por la libertad".
El local acogerá periódicamente eventos "de pequeño formato en conexión Barcelona-Bruselas" y retransmisiones de actos que se organicen en el Parlamento Europeo, además de encuentros telemáticos con los tres eurodiputados, fugados en Bélgica por el procés secesionista de 2017.
"Gran contradicción"
Los tres mandatarios secesionistas aseguran que en "muchos países europeos" los europarlamentarios "tienen una oficina de atención a los electores situada en el territorio donde han sido escogidos. De esta manera, el contacto entre político y ciudadano puede ser constante durante todo el mandato. Nosotros vivimos en el exilio, pero no podemos permitir que la represión nos impida acercarnos y escuchar" a los ciudadanos.
Puigdemont, Comín y Ponsatí reconocen que, como eurodiputados, disponen de "la financiación y la capacidad para abrir una oficina" en Cataluña, pero aún no la pueden visitar "libremente" debido a las órdenes de detención del Tribunal Supremo, lo cual representa "una gran contradicción".
En opinión de los tres fugados, "si hoy podemos abrir esta oficina, es gracias al hecho de que el derecho europeo tiene prevalencia sobre el derecho español". Y acusan al Estado español --en el cual concurrieron a las pasadas elecciones europeas, pese a su intento de secesión ilegal y unilateral de Cataluña en 2017-- de "violar decenas de directivas y normas europeas cada año".
Rechazo al castellano
Los tres dirigentes posconvergentes destacan además que los proveedores de teléfono, energía y seguro de su nuevo local son "empresas catalanas, sin ningún vínculo con el Ibex-35" porque, según ellos, "el camino hacia la independencia también es un camino de desconexión de los grandes poderes económicos del Estado español". "Debilitarlos es fortalecernos", agregan en una serie de 15 tuits en su cuenta conjunta de eurodiputados Junts i Lliures per Europa.
Puigdemont, Comín y Ponsatí exigen, además, a las empresas con las que trabajen que les facturen "en catalán, como marca el código de consumo".