El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont vuelve a entrar en escena con un recurso contra la decisión del Tribunal de Cuentas (TdC). Esto se produce poco días después de que la sala de la justicia inadmitiera el aval presentado por el Govern para que el Intituto Catalán de Finanzas (ICF) cubriera parte de la fianza de 5,4 millones de euros por el uso irregular de fondos para las embajadas catalanas y el Diplocat.

La defensa de Puigdemont, en el escrito de 14 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, ha recordado que Esperanza García, instructora del TdC, indicó que el aval garantizado con fondos públicos no puede quedar legalmente amparado. Por ello, los letrados del expresident han lamentado que llegara a esa conclusión “de forma muy sui generis”, a lo que denomina “la coherencia del sistema de indemnidad del agente público”.

Carga contra la instructora

Puigdemont ha señalado que la decisión se basa en la interpretación de las normas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil y con lo dispuesto en el Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, y subraya que esos avales “son legales”. La defensa del fugado ha acusado a García de hacer mención a una norma “de forma sesgada, interesada y arbitraria”.

En el contenido del Decreto Ley, según los letrados del expresident, “se desprende la conclusión contraria a la adoptada por la delegada instructora, decisión que es manifiestamente arbitraria y, como se verá, contraria a derecho”. La instructora señalaba que no admitía que fuera la Generalitat --a través del ICF-- quien presentara avales, por lo que tomaba esa decisión sin informe de los servicios jurídicos del Estado sobre la idoneidad de este mecanismo de aval.

Intenta salvar el embargo

Puigdemont exigirá responsabilidad a la instructora en otra institución por, según su defensa, haber “prescindido total y absolutamente de las normas de aplicación, de las de procedimiento y excediéndose en sus capacidades ha actuado de manera abiertamente contraria a derecho”. Por todo ello, los letrados del prófugo han incidido en que el acto recurrido es “nulo” y “manifiestamente legal”.

Todo ello repercute en el miedo al embargo de bienes de los ex cargos acusados de usos irregulares de fondos públicos. Punto clave en el que Puigdemont ha incidido por no incluir “la facultad de proceder a este en cualquier circunstancia sino, únicamente, cuando se hayan asegurado las cantidades reclamadas”.