El pacto de investidura entre ERC y CUP, que pasaba por hacer una remodelación del modelo policial, comienza a dar sus frutos. El Govern ha cambiado sus criterios jurídicos para aliviar la condena impuesta el pasado mes de junio a un militante de la CUP. Se trata de Marcel Vivet, acusado de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones leves a un mosso d’esquadra.

La Generalitat ejerció la acusación particular debido a que la víctima era un funcionario y pidió penas de cárcel para el activista, que recientemente ha sido fichado por Catalunya Ràdio como tertuliano. Pero el Govern anuncia ahora que, tras el cambio de gobierno y de la reestructuración de los servicios jurídicos de la Consejería de Interior, recurrirá la sentencia por considerarla excesiva, lo que fuentes jurídicas califican de “barbaridad”.

"Apretad, apretad"

Todo ello es consecuencia del pacto entre ERC y los antisistema, que exigieron reformular el modelo policial para apoyar la investidura de Pere Aragonès tras las elecciones del 14F. Pero la controversia se remonta a la época más convulsa del procés, cuando el presidente Quim Torra se puso al lado de los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR) --el famoso "apretad, apretad"-- y denunció las cargas policiales contra manifestantes. Incluso instó a depurar responsabilidades dentro del cuerpo.

Cuando se celebró el juicio de Vivet, el 26 de febrero, el nuevo gobierno presidido por Aragonès no había tomado aún posesión. Por primera vez, en un guiño a la CUP y también a modo de demostración de capacidad de gestión, ERC asumió por primera vez la dirección de la Consejería de Interior, siendo Joan Ignasi Elena el elegido como titular. La Generalitat no solo había mantenido la acusación particular contra el cupaire, sino que elevó a definitivas sus calificaciones provisionales, esto es, un año de prisión por desórdenes, tres años y nueve meses por atentado y dos meses de multa por lesiones leves. Finalmente, la Audiencia de Barcelona condenó al acusado a un total de cinco años de prisión en una sentencia contra la que cabe recurso de apelación y que fue dictada el 11 de junio.

Marcel Vivet, tras fichar como tertuliano de Catalunya Ràdio / TWITTER

Brauli Duart, el culpable

La CUP pidió explicaciones al nuevo consejero de Interior, que había accedido al cargo un mes antes de la condena, sobre quién firmó la orden para que la Generalitat se personara como acusación particular. Fue el exsecretario general de Interior, Brauli Duart, según explica Elena en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por los antisistema. Duart firmó la autorización el 16 de mayo de 2019 por delegación de competencias del entonces consejero Miquel Buch, ambos veteranos convergentes. El enfrentamiento con Torra propiciaría el cese de Buch, quien fue sustituido por Miquel Sàmper. La politización de los Mossos es uno de los motivos de malestar existente en el cuerpo, que junto a representantes de las policías locales, se manifestará el próximo día 23.

Joan Ignasi Elena precisa que, en efecto, los hechos atribuidos a Vivet eran subsumibles en los tres citados delitos, pero “siguiendo el cambio de dirección en el Departamento de Interior y la reestructuración de la defensa jurídica de Mossos al Gabinete Jurídico de la Generalitat, se ha presentado recurso a la sentencia al considerar que no corresponde a la Generalitat determinar si hubo delito de desórdenes públicos, sino al Ministerio Fiscal, y se ha recurrido también el delito de atentado por considerar excesiva la sentencia respecto a los hechos, sin que eso signifique ningún menoscabo de la defensa a los agentes de Mossos d’Esquadra”.

Reestructuración

Hasta la llegada de Elena, la consejería tenía su propio departamento jurídico para proteger a los mossos víctimas de atentados. Pero  el pasado 3 de agosto, mediante un decreto de reestructuración del Departamento de Interior aprobado por el Consell Executiu, se anunció el traspaso del área penal de los servicios jurídicos de Interior al Gabinete Jurídico que depende de la Consejería de Presidencia.

De esta forma se centralizaba el control de las decisiones sobre la asistencia jurídica de mossos con la finalidad de satisfacer a CUP y los CDR. O lo que es lo mismo, se filtran las causas judiciales para evitar que el Govern entre en colisión con el activismo independentista en procesos judiciales donde los agentes han sufrido agresiones ejerciendo sus tareas de seguridad. Consultados por este medio, fuentes de Interior han remitido a Presidencia, que ha rehusado ofrecer más detalles de ese recurso anunciado por Elena.