El tiempo le ha dado la razón. Carles Monguilod es el único abogado de los investigados por el Tribunal de Cuentas (TdC) que aconsejó a su cliente que no aceptara los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). El órgano fiscalizador acaba de rechazar esos polémicos fondos, que el Govern aprobó para pagar la fianza solidaria de 5,4 millones impuesta a 42 exaltos cargos de la Generalitat que supuestamente desviaron fondos a la internacionalización del procés. “Esto puede acabar en un proceso penal”, advierte el letrado en declaraciones a Crónica Global.
Monguilod representa a Adam Casals, exdelegado de la Generalitat en Austria, para quien el TdC pidió una fianza de 136.829,79 euros. Una cifra algo inferior a la solicitada a dirigentes como Artur Mas (2,7 millones), Carles Puigdemont (1,9 millones), Oriol Junqueras (1,9 millones) o Francesc Homs (2,9 millones), entre otros.
La familia avaló a Casals
Casals, aconsejado por su abogado, reunió el dinero gracias a las aportaciones de su familia. “Hemos sido los únicos. Entendí que podía ser problemático, pues algún partido político había presentado querella y corríamos en riesgo de pasar de una causa civil a penal”, explica Monguilod. Se refiere a la querella presentada por Ciudadanos, que ha dado lugar a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña. Tal como publicó este medio, tres vocales independientes y un miembro del consejo de gobierno del ICF han declarado ya ante el ministerio público. Corroboraron que la tramitación administrativa para avalar a los enjuiciados fue sobrevenido y no ceñido a normativa.
Adam Casals, exdelegado de la Generalitat en Viena / CG
En este sentido, el abogado penalista indica que “avalar a personas que no tienen solvencia puede suponer un uso indebido de fondos públicos. Si un banca avala sin solvencia, los accionistas pueden reclamar responsabilidades”. Precisa el letrado que su postura nada tiene que ver con la ideología política. Es que técnicamente no lo vi claro desde el principio”. Una posición contraria al resto de las defensas de los investigados por el TdC.
Luz verde en el Parlament
El pasado 7 de octubre, el Parlament dio luz verde al proyecto ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, defendido en la Cámara catalana por el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y que cuenta con una aportación inicial de 10 millones de euros. La aprobación de estos avales independentistas provocó un cisma en el ICF, pues tres miembros independientes dimitieron de sus cargos.
El Consejo de Garantias Estatutarias --una especie de tribunal constitucional a la catalana que vela por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatut-- avaló ese fondo. Por su parte, el PP ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el fondo creado por el Govern al considerar que "no se puede avalar la sedición con fondos públicos". Los populares califican ese aval de “perversión absoluta del sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas”
El Gobierno español --el único que podría suspender cautelarmente la aplicación del mismo-- renunció a presentar recurso.