Carles Puigdemont acaba de hacer una carambola política. La detención del expresidente catalán no solo pone contra las cuerdas a sus eternos rivales de ERC, sino que compromete al Gobierno de Pedro Sánchez.

El golpe parece fortuito, aunque el arresto del fugado en tierras italianas ha disparado rumores y especulaciones sobre hasta qué punto el Ministerio de Interior había preparado la detención o si el propio Puigdemont quería provocar la intervención para recuperar cuota mediática. Lo cierto es que la causa abierta contra el líder de Junts per Catalunya (JxCat) sigue viva, y que tarde o temprano tendrá que comparecer ante la Justicia española, una vez se resuelva el embrollo de la extradición.

La manifestación del domingo

Pero es obvio que tanto Pere Aragonès como el Gobierno español esperaban que fuera más tarde. Porque el protagonismo recuperado por el fugado no solo reactiva el activismo social independentista, que había perdido fuelle, sino que resucita el espíritu de la vía unilateral en vísperas del cuarto aniversario del 1 de octubre y desestabiliza una mesa de diálogo, que ya nació coja, esto es, sin la presencia de JxCat en la negociación con el Gobierno. Un triple órdago que ya está dando frutos: una manifestación convocada para mañana domingo, velado reconocimiento por parte de Aragonès de que el diálogo con el Gobierno ha quedado tocado y la vía unilateral como alternativa.

Puigdemont, detenido y puesto en libertad sin medidas cautelares, forma parte de un proceso judicial pendiente de resolución, el de los dirigentes fugados tras el 1-O y que no fueron juzgados, eclipsado en los últimos meses por la concesión de los indultos a los condenados y el cambio de rasante de Esquerra, partidaria de encauzar el conflicto con menos desafío rupturista y más diálogo.

Miedo atávico

Una apuesta que le permitió superar a JxCat en escaños, aunque por pocos votos, lo que obligó a ERC a reeditar la coalición independentista con los neoconvergentes. Pudo optar por una mayoría de izquierdas con PSC y En Comú Podem, pero el atávico miedo a ser tachado de traidor pudo más. Es el mismo miedo que ayer propició un llamamiento solemne a la unidad independentista desde la galería gótica del Palau de la Generalitat. La misma en la que comparecieron hace solo una semana Aragonès y Sánchez tras una cumbre donde constataron diferencias, pero también un compromiso de lealtad.

Minutos antes de la comparecencia del Govern en pleno, el vicepresidente Jordi Puigneró había convocado a sus consejeros tras asegurar que, con la detención de Puigdemont, “el tiempo nos ha dado la razón” en advertir de que la mesa de diálogo con un Estado opresor es inútil. Pero Aragonès logró esquivar la enésima crisis con sus aliados y, en un discurso contundente, exigió la libertad del fugado. Admitió que actuaciones judiciales como ésta no ayudan a la mesa de diálogo, pues menoscaban la confianza entre ambos gobiernos.

Viaje a L'Alguer

Anunció el presidente catalán que se desplazaría a L’Alguer para seguir de cerca la situación de Puigdemont, lo que deja en el aire su asistencia al acto convocado para este domingo por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para exigir la liberación absoluta de los “exiliados” y denunciar el “encarnizamiento” del Estado con Puigdemont. Una invitación envenenada para ERC, forzada a salir a la calle para manifestarse contra su propio proyecto estrella.

Que también es el de Pedro Sánchez, cauto en sus declaraciones sobre la detención de Puigdemont desde La Palma. Sabe que PP, Vox y Ciudadanos están al acecho, que sus presupuestos para 2021 dependen del apoyo de ERC y que una pronta resolución de la extradición de Puigdemont pillaría al Gobierno sin una reforma de delito de sedición que minimice la condena al líder de JxCat.

Aguantar la presión

El líder del PSOE, lo ha dicho por activa y por pasiva, no piensa conceder la amnistía ni mucho menos, avalar un referéndum de autodeterminación. Y ese es el motivo por el que un independentismo partidario de la confrontación, ahora con ánimos renovados, clama por la independencia unilateral. No queda otra, afirman en las calles JxCat y la CUP. La cuenta atrás para monitorizar los frutos del diálogo se ha acelerado con la detención de Puigdemont. Los aliados del Govern se dieron un plazo de dos años, pero las diferencias son cada vez más acusadas.

Por ello, Aragonès tiene que elegir entre aguantar la presión y mantener su hoja de ruta, o sucumbir a las exigencias de sus socios, cargando de razones a los partidos conservadores, que hablan de “mesa de chantaje”.