El capital riesgo entra en los servicios sociales de Barcelona. Una filial de la private equity Corpfin Capital ha entrado a cogestionar el nuevo centro para personas sin hogar de la Ciudad Condal que el Ayuntamiento ha presentado esta semana. Ello pese a que la alcaldesa, Ada Colau, prometió contratar esta área "desde el bien común" e incluso recuperar la gestión pública en 2015, antes de alcanzar la vara de primera edil.
Lo reconoció esta misma semana la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez. La concejal de Barcelona en Comú, partido de Colau, buscó un cómodo titular de verano al inaugurar un nuevo espacio para el Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público (Sassep), en marcha desde abril. Durante el acto, Pérez deslizó que los servicios del centro los gestionan Progess, una contratista habitual del ayuntamiento, y Grupo 5.
Propiedad de Corpfin Capital
Esta última empresa se vende como líder en servicios de atención a la salud mental y a las emergencias sociales. Es, por ejemplo, la firma que montó el dispositivo de urgencia para personas sin techo en Ifema, la Feria de Madrid, en marzo de 2020, durante el primer envite de la pandemia del coronavirus. La enseña que comanda Guillermo Bell presenta otras credenciales: más de 4.000 personas atendidas cada día en España y una plantilla de 2.200 trabajadores.
De hecho, Grupo 5 funciona tan bien que recibió el apoyo de una gestora de inversión en 2017. Aquel año, Corpfin Capital compró la empresa por una cantidad que no ha trascendido, avanzó El Economista.
Desinversión parcial
Con ello, la firma de gestión de capital riesgo se hizo con el 98% de la empresa y con una cartera de 65 centros de atención, principalmente, a la salud mental, como explicó en una nota corporativa. Después, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó la operación [ver nota aquí]. Grupo 5 se convirtió en una participada de una private equity de Coprfin. Concretamente, de su fondo IV que tiene un valor de 255 millones.
La empresa que gestiona parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona comparte portafolio con otras participadas, como las academias de inglés para niños Kids&Us o la cadena de panaderías El Fornet. En estos momentos, Corpfin ha colocado a Grupo 5 en perspectiva de desinversión. En 2019, de hecho, ya vendió la división de residencias de mayores a Korian, una firma francesa de geriátricos controlada por Crédit Agricole. Pero mantiene al grupo español en cartera.
Le entregan parte de los servicios sociales
En este contexto, Ada Colau concesionó subrepticiamente --esta vez no hubo ruedas de prensa-- a Grupo 5 la gestión del servicio de inserción social de las personas sin hogar de Barcelona en diciembre de 2020 [ver contrato aquí]. Al encargo, que tiene un valor de 5,1 millones de euros, solo acudió un interesado: el ganador. La adjudicación sería una más de la multitud que tramita la Administración local salvo porque el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado ahora el nuevo macrocentro de personas sin hogar de la ciudad. Fue anteayer.
La gestión de este espacio único, que aglutina los servicios para las personas sin techo, la llevan Progess y Grupo 5, admitió la teniente de alcalde Laura Pérez (BComú). Se coordinan con el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), pero la operativa y los empleados los ponen los privados.
Colau prometió contratar desde el "bien común"
La propia concejal Pérez reconoció que la gestión interna de este centro no se contemplaba. A preguntas de los periodistas, enumeró a los gestores a regañadientes. Ello puede ser porque la externalización de servicios sociales no estaba en el programa electoral del partido de Ada Colau. BComú acudió a las elecciones municipales de 2015 con la promesa de "avanzar para desarrollar un modelo donde se conciban estos servicios como un bien común en los que la ciudadanía tenga voz" [ver programa aquí].
De este modo, Barcelona en Comú incumple otro punto de su programa electoral: entrega parte de los servicios sociales a un private equity y no al bien común. Ya incumplió con anterioridad al descartar la municipalización del Servicio de Atención a Domicilio (SAD), con la que también se había comprometido. Finalmente, Servisar, una filial de DomusVi, se ha llevado el 50% del lucrativo contrato municipal --el segundo en cuantía tras el de residuos--, como avanzó este medio. Y eso que DomusVi tiene como cabecera una filial en la isla de Jersey y Barcelona un protocolo para no adjudicar a empresas con vínculos en paraísos fiscales.
Silencio del ayuntamiento
Este medio se ha dirigido al Ayuntamiento de Barcelona para preguntar cómo ha regido el decreto de alcaldía de compra ética y las cláusulas de contratación ética en el caso del centro de personas sin hogar. La Administración local no contestado. Sí lo ha hecho Arrels, asociación decana en la lucha contra el sinhogarismo. La entidad se ha limitado a describir que el nuevo Sassep "no aporta grandes novedades" salvo la "fusión de equipos que antes trabajaban separados".
"La voluntad, entendemos, es realizar un trabajo más coordinado. Servicios sociales y las operarias del sector realizábamos labores asistenciales parecidas durante años y, a veces, nos pisábamos", ha explicado Maria Maynou, de Arrels. Desde la plataforma valoran también de forma positiva el nuevo equipo de atención para personas sintecho. "Aportará espacios de ayuda a la integración, duchas y lavandería", loan.
Grupo 5: "Atención de calidad"
Por su parte, el adjudicatario se ha dirigido a este medio para hacer hincapié en que "apuesta por una gestión eficiente que posibilite a las administraciones ofrecer los mejores servicios por la cantidad económica más ventajosa, y así pueda revertir en nuevos servicios y en la creación de más empleo". Ofrece Grupo 5 una "atención de calidad" que "tiene siempre en cuenta a las personas usuarias en el centro del servicio".
En referencia a la contratación en sí, el conglomerado recuerda que "las cláusulas sociales son una parte de un pliego de licitación pública que una administración realiza". Desde Grupo 5 ponen también en valor su experiencia en la gestión del sinhogarismo, recordando que "atendió en 2020 a más de 34.000 personas en situación de calle o emergencia social, gestionando más de 1.300 plazas a través de un equipo de 680 profesionales en 14 servicios diferentes" en diversas autonomías.