El independentismo abandona la campaña de insumisión fiscal de Puigdemont

El activismo independentista pierde energía, lo cual tiene consecuencias nefastas para la financiación de determinadas causas, como sufragar la fuga de Carles Puigdemont. Da cuenta de ello el fracaso de la insumisión fiscal que, el año pasado y por primera vez, impulsó el entorno del expresidente catalán, con la finalidad de derivar determinadas cantidades al Consejo para la República. Según han informado a Crónica Global fuentes de Hacienda, en la reciente campaña de la declaración de la renta, y a diferencia del año pasado, no se han registrado casos de objeción fiscal. No en vano, cuando el independentismo hizo pública su nueva astucia, la Agencia Tributaria española (AEAT) tomó medidas.

“Este año los activistas han tenido pocas ideas para intentar sablear al Estado vía el IRPF. O han comprendido que la bufonada del año pasado no sirvió absolutamente para nada y no merece la pena llevarse el susto en forma de carta por parte de la AEAT. ‘Objetores por la Republica’ ha dejado de funcionar”, explica a este medio un técnico de Hacienda destinado en Cataluña.

Declaraciones paralelas

Se refiere al efecto disuasorio de las declaraciones paralelas enviadas por el fisco a los seguidores de esta campaña, consistente en alegar objeción fiscal con la pretensión para no contribuir a los gastos en la Casa Real, los poderes judiciales y los cuerpos policiales, y derivar determinadas cantidades a CATGlobal ASBL, la entidad creada por Puigdemont para canalizar la financiación de su exilio. La excusa es que este órgano independentista destinaría el dinero a paliar los efectos del Covid-19.  Invocaban la casilla 606, que ya ha sida utilizada por objetores que rechazan que sus impuestos vayan dirigidos a sufragar el gasto militar del Gobierno. 

Pero, tal como explicó Crónica Global, los contribuyentes no pueden reasignar partidas presupuestarias a su antojo. Las cantidades oscilaban, según las citadas fuentes de Hacienda, entre 10 y 300 euros. La operación, de haber prosperado, era redonda, pues a continuación, el activista podía desgravar la donación hecha, enmarcada en la campaña #Proumonarquia.

Apuros económicos de Waterloo

El formulario utilizado era similar en todos los casos. “Razones de conciencia no me permiten contribuir a la financiación de los gastos de la Casa Real, de los poderes judiciales y de los cuerpos de policía. Estas tres instituciones desde 2017 hasta la actualidad han ejercicio de forma reiterada y sistemática acciones represivas contra derechos fundamentales como son el de expresión, disidencia política y autodeterminación”, indicaba el contribuyente. Y añadía: “Adjunto en esta declaración el original del recibo del pago que por valor de 10 euros he llevado a cabo a favor de la organización Consejo para la República (CATGlobal ASBL) que dedicará este dinero a paliar los efectos de la emergencia sanitaria del Covid-19 a través del Fondo Republicano de Acción Solidaria en el marco de Acción Social”.

Pero este año, no rastro de objetores, lo que se suma a los apuros económicos del de Waterloo, que mantiene su escaño como eurodiputado, aunque ha perdido la inmunidad. Las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas por supuesta malversación en los gastos en política exterior han supuesto un importante mazazo para los dirigentes independentistas. Una situación que el Govern ha intentado subsanar con una especie de fondo de rescate mediante el Institut Català de Finances (ICF).