Primer paso hacia el cambio de modelo de Mossos que exige la CUP

Previamente, los socios del Govern darán un primer paso hacia esos cambios, impuestos por los antisistema y los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), votando a favor disolver el cuerpo de abogados especializados de la Consejería de Interior para centralizar esa asistencia y evitar entrar en colisión con el activismo independentista.

Joan Ignasi Elena, 'conseller' de Interior / EUROPA PRESS

Eso ocurrirá hoy, en la Comisión de Interior del Parlament, donde el diputado del PSC-Units, Ramon Espadaler, presenta una propuesta de resolución (PR) favorable a mantener en el seno del departamento el cuerpo de letrados especializados en la defensa de los agentes investigados por razón de su actuación policial, "dotando a este cuerpo de los recursos humanos y materiales necesarios y evitando su disolución o traslado a otros departamentos”. La idea del Ejecutivo catalán es que el Gabinete Jurídico de la Generalitat, dependiente de la Consejería de Presidencia, tome el control en esos procesos judiciales.

Defensa judicial de los agentes

Tal como publicó Crónica Global, la PR también insta al Govern a garantizar “la defensa judicial a los agentes del cuerpo de Mossos cuya actuación policial se ha visto judicializada como consecuencia de la interposición de una denuncia, particularmente en aquellas actuaciones que, teniendo por objeto la restitución del orden público, se vean abocadas a hacer uso de la fuerza, obviamente bajo los parámetros de proporcionalidad, congruencia y oportunidad establecidos por la legislación vigente”.

ERC y JxCat ya han avanzado que rechazan esas propuestas, haciendo extensiva a esta legislatura las consignas del anterior presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien prometió a los CDR mano dura con los mossos que cargaron contra manifestantes independentistas durante los graves altercados que siguieron a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés.

A pesar del cambio de titularidad en la consejería, que antes estaba en manos de Junts y ahora dirige ERC a través de Joan Ignasi Elena, la presión ejercida a este cuerpo policial se mantiene.

Equiparación con el resto de funcionarios

El argumento oficial del Govern para proceder a esos cambios en la asistencia jurídica de los agentes es que deben ser equiparados al resto de funcionarios, esto es, incluirlos en las políticas de función pública. Hasta ahora, las cuestiones laborales de los mossos eran debatidas en el Consell de la Policia, donde tienen representación los sindicatos y la consejería, dadas las peculiaridades de un colectivo que tiene el monopolio del uso de la fuerza.

Ramón Espadaler, secretario general de Units, critica al Govern por los disturbios tras la condena de Pablo Hasél / EP

“El Govern y la CUP basan su relación con los Mossos en la desconfianza”, denuncia Espadaler, exconsejero de Interior en el gobierno de Artur Mas, quien reclama el cumplimiento de los artículos 7, 39.2 y 48 de la Ley de la Policía de la Generalitat-Cuerpo de Mossos d’Esquadra. Esta norma establece que la responsabilidad de proporcionar asistencia judicial a los agentes, en su doble vertiente --cuando un funcionario resulta herido en acto de servicio o cuando es investigado por razón de su actuación-- recae en el Departamento de Interior.

Creación de una comisión de estudio

La equiparación de los policías autonómicos con el resto de funcionarios será uno de los temas estrella de ese cambio de modelo. Pero esa revisión es mucho más amplia y se debatirá en el Pleno señalado para el 20 de julio, el último antes de que se disuelva el Parlament. En esta sesión, se votará la propuesta de ERC, JxCat, CUP y comunes de crear una comisión de estudio que, a instancias de los antisistema, evalúe de qué manera los mecanismos de control internos y externos se pueden dotar de más independencia a fin de prevenir, investigar y sancionar las posibles actuaciones indebidas, las malas praxis policiales y acabar con la impunidad y la arbitrariedad de algunas actuaciones por parte del Departamento de Interior.

Además, la CUP exige acabar con la falta de transparencia sobre los protocolos y funcionamiento interno, especialmente en el ámbito del uso de la fuerza y las normas que regulan las armas de uso policial. Algo que, en su opinión, genera pérdida de confianza para parte de la ciudadanía y vulnera el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas.