Rafael Ribó (d), síndic de greuges, con independentistas en Reus (Tarragona) / CG

Rafael Ribó (d), síndic de greuges, con independentistas en Reus (Tarragona) / CG

Política

Las cinco polémicas del Síndic de Greuges con el dinero público

La piscina de Rafael Ribó, última controversia del cargo público en una trayectoria marcada por su largueza con los recursos comunes

11 julio, 2021 00:00

Son las cinco polémicas del síndic de greuges con el dinero público. La piscina o lámina de agua que se construyó Rafael Ribó en la azotea de la sede de la Sindicatura en Barcelona es otra controversia sumada a una trayectoria como defensor del pueblo autonómico marcada por su largueza con los recursos comunes. 

El elemento de baño o decorativo, según la fuente, se añade a una gran nómina de asesores y recursos humanos pese a que la Sindicatura no tiene capacidad sancionadora; a sus viajes por el mundo; a los acompañantes que se llevó Ribó a esos desplazamientos y su intervención para torpedear un proyecto de aeropuerto que afectaba al pueblo donde veranea en La Cerdanya. No se cuentan entre esos escándalos sus desplazamientos en jet privado a las finales de la Champions que jugó el Barça en 2009 y 2015. Los pagó el empresario Jordi Soler, de Grup Soler, implicado en la trama del 3% en Cataluña, informó El Periódico. Aun así, esta actuación no comportó ningún menoscabo para las arcas públicas catalanas. 

1. Una piscina en el tejado

Más recientemente, este medio avanzó que el síndic se había hecho construir un estanque o alberca en la terraza del ático de la Sindicatura de Greuges, un edificio situado en el paseo de Lluís Companys de Barcelona. Fue entre 2007 y 2009, tres años después de ser nombrado por el Govern. La estructura de agua, que el constructor describe como piscina y la Sindicatura define como "elemento ornamental", se pagó con dinero público.

Está tapada, según el exrepresentante de la empresa que la construyó, porque el síndic la vio "excesiva y no acorde al cargo" cuando se completó la obra en 2009. El equipo de Ribó, que la define como estanque y "en ningún caso de baño", aduce deficiencias constructivas. En cualquier caso, la zona de chill out o institucional, según la fuente consultada, se pagó con recursos públicos y está inutilizada. 

2. Dos vueltas al mundo en viajes oficiales

Durante sus años como defensor del pueblo, Ribó ha desarrollado querencia por los viajes oficiales. En 2019, el cargo público recorrió más de 74.000 kilómetros en compromisos en España y fuera pagados desde el erario común, el equivalente a dos vueltas al mundo, como avanzó Crónica Global. En otras palabras: en apenas 12 meses, el síndic Ribó viajó a países como Canadá y Letonia. Declinó otros compromisos a Brasil y Mérida (México) por incompatibilidad de agenda. 

No obstante, cabe destacar que su equipo sí aceptó viajes oficiales a Belfast (Reino Unido), Neuchâtel (Suiza), Vitoria (País Vasco) y Sevilla (Andalucía). Todo ello, corrió a cargo de un contribuyente para el que el síndic no debería trabajar, pues su mandato venció en, precisamente, 2019. 

3. Dieciséis viajes con su pareja

Los múltiples compromisos oficiales del síndic en otros países tienen una arista: los viajes a los que Ribó acudió acompañado de Judith Macaya, su jefa de gabinete y compañera sentimental. De forma global, el ombudsman sin poder de sanción se desplazó con su pareja a Luxemburgo, Madrid --dos veces--, Roma, Atenas, Estrasburgo, Bruselas --dos--, Nueva York, Mánchester, Londres, Aberystwyth (Reino Unido), Toronto/Washington, Pamplona, Riga y Zagreb/Ljubljana solo en 2019. El dispendio total de esos desplazamientos totaliza 34.000 euros, según la propia institución. 

Bien es cierto que la actividad exterior del síndic ha menguado en los últimos años. En 2010 y 2011, Ribó sumó 50 viajes oficiales en 24 meses, como explicó E-Notícies. En 2018, Ciudadanos pidió explicaciones en el Parlament por un desplazamiento a Suiza para acudir a un debate con los expolíticos independentistas huidos de la justicia Carles Puigdemont y Anna Gabriel. Fue una salida exterior del síndic sin agenda oficial. 

4. Contra un aeropuerto que afectaba a su chalé

En su labor de fiscalizador de los poderes públicos, el síndic de greuges intercedió en 2016 contra el proyecto de aeródromo de Das, en La Cerdanya, la zona de veraneo de los ricos catalanes. Ribó actuaba como cargo público tras las quejas de los residentes, sí, pero jamás declaró conflicto de interés, o se abstuvo de actuar en el conflicto por el mismo, sabiendo que tiene una casa de asueto en Das, uno de los municipios afectados. Como explicó este medio, el defensor del pueblo autonómico activó la maquinaria para parar un futuro aeródromo cuyo impacto cuestionaban algunos residentes, y lo hizo con la máxima celeridad. 

Tardó solo 30 días en detener la obra, que avalaba el entonces consejero catalán de Territorio, Josep Rull (Junts). Tras ello, los alcaldes de la zona agradecieron la labor del síndic contra la instalación aérea, sin que nadie preguntara en ningún momento si el uso de recursos públicos de la Sindicatura en este caso envenenaba el posible conflicto de interés. Ribó, de hecho, declaró después que su oposición activa --y exitosa-- al aeropuerto "no tenía nada que ver" con el hecho de que él tenga casa en uno de los pueblos afectados. 

5. Estructura elefantiásica

Sea o no eficiente su desempeño, como en La Cerdanya, lo cierto es que la Sindicatura de Greuges de Cataluña no es una institución que contribuya al ahorro del dinero público. Ribó es el defensor del pueblo regional mejor pagado de España, detalló Crónica Global, con unos emolumentos de 129.373 euros anuales. A este monto se le suma lo que cuestan sus asesores, que son 22 y que presentan retribuciones superiores a los 92.000 euros anuales, explicó El Confidencial. Son salarios equivalentes al Defensor del Pueblo, con la diferencia de que el ombudsman nacional sí tiene competencias inspectoras y coercitivas, más allá de las recomendaciones de su homólogo autonómico. 

Esas compensaciones las ha recibido el equipo del síndic de greuges pese a que su mandato ya está caducado: no puede ocupar el cargo público más de nueve años --dice la propia ley del síndic--, y lleva haciéndolo de forma ininterrumpida desde 2004. Globalmente, la Sindicatura consume más de seis millones de euros de presupuesto público regional, una cantidad superior, por ejemplo, al plan de refuerzo de verano de los ambulatorios catalanes, colapsados ahora por la variante delta del coronavirus.