El Gobierno valora en el indulto a Junqueras su "abandono público de la vía unilateral"

El Gobierno reconoce en el expediente del indulto al líder de ERC, Oriol Junqueras, su actitud en la "búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña" así como el "abandono público de la vía unilateral" que, según el modo de ver del Ejecutivo español, ha evidenciado en varias ocasiones.

Así consta en el documento elaborado por el Ministerio de Justicia y que el Consejo de Ministros ha estudiado este martes para concederle el indulto parcial por su condena por sedición y malversación, al que ha tenido acceso Europa Press.

"Ha experimentado una evolución"

En ese texto, el Gobierno valora que la apuesta de Junqueras "por la vía del diálogo parece a día de hoy decidida".

A tenor de la lectura que hacen desde el Gobierno, "según se desprende de sus propios escritos y declaraciones en medios, durante los tres años y medio que lleva cumpliendo condena [Junqueras] ha experimentado una evolución que le ha llevado abogar por el diálogo y la negociación como únicas vías posibles para la consecución de sus objetivos políticos", asegura Justicia en el expediente.

Es más, el Ministerio de Juan Carlos Campo destaca que "la literalidad de sus palabras refleja una clara apuesta por reconducir la acción política independentista a los cauces del diálogo y reconoce como indeseable cualquier acción no pactada con el Estado".

Falta de arrepentimiento y autocrítica de Turull

En el caso del exconseller de Presidencia, Jordi Turull (JxCat), el Ministerio de Justicia justifica su indulto en que, aunque no ha hecho autocrítica ni se ha arrepentido, la medida de gracia "satisface" el "bien común de España" y "se configura como una decisión estrictamente política" cuya justificación y finalidad "está por encima de intereses, razones y criterios individuales".

El departamento dirigido por Juan Carlos Campo reconoce en la propuesta que aunque los factores vinculados a la percepción que la sociedad tiene de Turull "no le hacen personalmente merecedor del indulto" su puesta en libertad puede "favorecer objetivamente la vía del diálogo".

"Clima de entendimiento con las formaciones independentistas"

Justicia sostiene que existen "razones de utilidad pública que aconsejan la concesión del indulto" y subraya que la intención del Ejecutivo de "generar un clima de entendimiento con las formaciones políticas independentistas" y su "voluntad de recuperar un ambiente de concordia en la sociedad catalana" prevalecen en este caso sobre "el juicio que merezca la concreta actitud" de Turull.

El exconseller catalán Jordi Turull y el secretario general de JxCat, Jordi Sánchez, durante un acto electoral / EUROPA PRESS

El Ministerio reconoce que --"a diferencia de otros condenados en la causa"-- Turull "ni ha realizado públicamente un ejercicio de autocrítica", e incluso llegó a manifestar que volvería a actuar como lo hizo, "ni ha protagonizado gestos orientados claramente a la recuperación del clima de entendimiento y diálogo".

"Diálogo"

En el marco de la ponencia, el Ministerio destaca que "la actitud y las declaraciones" de Turull contrastan con "los apoyos que ha venido sumando en los últimos tiempos la apuesta del Gobierno central, y también del autonómico, para propiciar el diálogo". En este sentido, recuerda que hace una semana el Pleno del Congreso "rechazó por 190 votos una moción del Grupo Parlamentario Popular para denegar el indulto".

Justicia también hace referencia a los pronunciamientos favorables de UGT, CCOO, el Círculo de Economía de Barcelona y la Conferencia Episcopal Tarraconense.

"Ignoraron la Constitución y a quienes no piensan como ellos"

Los expedientes de indulto a los nueve condenados por sedición y malversación por el procés inciden en que la prisión de todos ellos supone un "claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto que protagoniza la política catalana en la última década".

La propuesta de indulto se dice "muy consciente de la gravedad de lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017", y añade que "quienes llevaron a cabo tales hechos no solo actuaron ignorando la Constitución, sino que también ignoraron a quienes no piensan como ellos (...). Cegados por sus objetivos políticos, olvidaron las leyes que nos les gustaban y a las personas que no les apoyaban".

Los políticos presos del 'procés' de Lledoners, en uno de sus permisos penitenciarios. Tribunal Constitucional / EUROPA PRESS

No obstante, se considera que la realidad social y política a la que ha dado lugar el encarcelamiento de los condenados afecta a esa convivencia democrática entre catalanes, "condicionando negativamente las relaciones entre Cataluña y el resto de España y obstaculizando la superación del conflicto existente".

Por ello, el análisis del Gobierno pasa por reflejar "la profunda división que actualmente experimenta la sociedad catalana y que irradia sus efectos sobre el conjunto de España", así como "la polarización del espectro político catalán en torno al eje independencia/no independencia".

"Confrontación intensiva"

Se cita igualmente el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO, 2021), según el cual el 44,9% de los encuestados manifiesta su voluntad de que Cataluña sea independiente, lo que hace que los partidos políticos con los que se identifican los condenados hayan obtenido un amplio respaldo electoral en las últimas elecciones catalanas, celebradas el pasado 14 de febrero.

El Ejecutivo reivindica que, en base a la experiencia política de estos últimos años, "el diálogo es la única vía eficaz para la superación de las diferencias que ponen hoy en riesgo la convivencia entre los catalanes, y entre Cataluña y el resto de España".

"Ningún efecto pernicioso"

Sin embargo, lamenta que "las políticas basadas en la confrontación intensiva han acabado por erosionar los cauces naturales e institucionales de comunicación, hasta el punto de impedir el necesario diálogo".

En otro de los puntos, Moncloa considera que de la concesión de estos indultos no se deriva "ningún efecto pernicioso e irreversible a los valores de la Justicia", ni "tampoco merma o debilita el Estado de Derecho, sino que, al contrario, "el perdón de la pena que conlleva es muestra evidente de su fortaleza" porque "solo desde la robustez de un Estado de Derecho sólidamente asentado se puede entender la existencia de un mecanismo como el indulto".

Reproches al PP

Apunta, asimismo, que "existen antecedentes históricos que evidencian los resultados en Cataluña de la inacción política y del bloqueo del diálogo", para precisar que "el último gran acuerdo político transversal en Cataluña fue en 2006 con la aprobación del Estatut" y que desde entonces, a medida que ha aumentado la "confrontación institucional" también lo ha hecho el apoyo al independentismo.

De ello culpa al anterior Ejecutivo del PP porque "eludió cualquier acción política y dejó en manos de la Justicia toda respuesta a los desafíos de las instituciones catalanas, que fueron creciendo en intensidad". "Ese planteamiento sirvió para mostrar la fortaleza del Estado de Derecho, pero no para restaurar la desafección de una parte muy importante de la sociedad catalana. Los datos de opinión pública lo evidencian", mantiene.

Antecedentes

Entre los antecedentes de indultos por razones de "utilidad pública", el documento cita a los concedidos a algunos autores del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o a miembros de la banda terrorista Terra Lliure, decididos por Gobiernos anteriores. En la misma línea se acordó en el año 2000 el indulto a 1.325 personas con motivo del año jubileo.

En este caso, dichas razones son "la excepcional situación de Cataluña y la acuciante necesidad de responder, cuanto antes, a la profunda crisis social y política que, desde hace demasiado tiempo, viene condicionando y erosionando la paz social y la garantía de la convivencia democrática en Cataluña y, por extensión, en toda España".

"Mínimo riesgo de reincidencia"

Además, se incide que cada uno de los políticos presos del procés han cumplido ya un tiempo de privación de libertad, un efecto que no se pretende borrar con el indulto, ya que persiste el delito y en caso de reiteración delictiva lleva consigo la apreciación de antecedentes penales.

Destaca también que no han vuelto a instigar o a cometer ningún acto de semejante significado y los informes de conducta evidencian "su mínimo riesgo de reincidencia" y la respuesta positiva que han tenido en los diferentes permisos otorgados. Inciden en que estos indultos no se extienden a la inhabilitación absoluta a la que fueron condenados y aseveran que esto "permite asegurar sus fines de prevención general y especial".

Rechazo en la sociedad

Asimismo, explica que aunque esta medida genera incomprensión en parte de la sociedad, algo que la propuesta "reconoce y valora", el Gobierno subraya que es una decisión "difícil" que se adopta con "responsabilidad y convicción".

"Posiblemente sería más sencillo para el Gobierno no concederlo pero, en ese caso, estaríamos cruzándonos de brazos ante el mayor problema político que tiene España y perdiendo una oportunidad para el reencuentro y la reconciliación dentro del nuevo clima de normalización institucional en Cataluña que pretendemos favorecer con esta decisión", concluyen.