Colau y ERC exigen la competencia para hacer referéndums locales

Barcelona en Comú, partido de Ada Colau, se ha unido hoy a ERC y Junts para pedir al Gobierno la competencia para hacer referéndums locales. La fuerza de la primera edil se ha desmarcado del PSC, su socio de gobierno, y se ha unido a los independentistas para exigir a Moncloa poder hacer "consultas ciudadanas". 

Ha ocurrido hoy en la comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona, sesión en la que se ha debatido una proposición de los republicanos que pedía que el Ejecutivo "presente un proyecto de ley para permitir la celebración de consultas ciudadanas que tengan el apoyo de la mayoría del plenario".

BComú, ERC y Junts lo aprueban

El texto ha recibido el apoyo de BComú, ERC y Junts, el voto en contra del PSC y la abstención de Ciudadanos, BCN pel Canvi y PP. Los comunes se han desmarcado de su socio de gobierno, el PSC, y han unido sus votos a los de los independentistas para tratar de forzar consultas como las que intentaron hacer sin éxito el pasado mandato. En aquella ocasión pretendían que la ciudadanía votara sobre la municipalización del agua y el cambio de nombre de una plaza. 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalña (TSJC) tumbó el reglamento al invadir competencias de ámbito estatal. Pese a ello, el gabinete de Colau insistió y elevó el asunto a pleno. La oposición sumó sus votos para dejar en nada la propuesta, propinando un segundo revolcón a la alcaldesa en esta materia. Finalmente, el Tribunal Supremo enterró la iniciativa este año. 

Seis meses para cambiar la ley

Ahora, los comunes redoblan su ofensiva en esta materia sumándose a una propuesta de ERC que pide exactamente lo mismo: poder celebrar consultas a nivel municipal, pese a que los referendos son competencia reservada de la Administración General del Estado (AGE). La proposición aprobada por Colau, Junts y ERC da seis meses al Gobierno para que presente un proyecto de ley para modificar la ley de Bases del Régimen Local. 

¿En qué sentido? En la dirección de "permitir las consultas ciudadanas que con solo el apoyo de la mayoría de los plenos municipales y, por lo tanto, sin la autorización del Gobierno de la nación".