La Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACDP) ha puesto el ojo en el polémico sistema de recogida de basuras del gobierno de Ada Colau en Barcelona: el puerta a puerta. El organismo ha requerido información para conocer si la recolección en la calle tiene implicaciones sobre la privacidad. Cabe recordar que las bolsas van equipadas con un chip que identifica el domicilio que las ha depositado, por lo que se puede trazar el origen de los residuos.
Lo ha explicado una portavoz de la ACPD, que ha detallado que están "en contacto con la Agencia Catalana de Residuos con el fin de analizar las implicaciones de esta recogida de residuos para la protección de datos". Por ahora, subraya la Autoridad, no constan quejas de vecinos de Sant Andreu de Palomar, el segundo barrio en el que el Ayuntamiento de Barcelona ha desplegado el puerta a puerta tras Sarrià, donde el sistema se estrenó en 2018.
Ayuntamiento: "Hubo evaluación previa"
El organismo que vela por el cumplimiento de las leyes de privacidad ha recordado que en el caso del puerta a puerta, que liga cada bolsa de basura con un domicilio, "lo más importante es hacer una evaluación de impacto de protección de datos en cada caso concreto". La ley que rige en este campo es el Reglamento general de protección de datos y la Ley orgánica 3/18, conocida como LOPD.
Una portavoz municipal ha enfatizado que el despliegue "ha contado con el asesoramiento y validación de la Oficina del Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Barcelona". ¿Hubo evaluación de privacidad? "Se hizo, siguiendo la metodología establecida por la ACPD, aunque en esta etapa del proyecto no resultaba necesaria", ha precisado. "Asimismo, se han tenido en cuenta las resoluciones más recientes de la Autoridad en esta materia", ha apostillado la misma fuente.
Las bolsas tienen chip e identifican quién las tiró
Las dudas en el campo de la privacidad sobre el nuevo sistema de gestión de residuos urbanos llegan cuando hace poco más de dos semanas que está en marcha. Entró en funcionamiento el 24 de mayo y levantó polvareda. Desterró los contenedores de basura del barrio y desplegó pequeños camiones que recogen un tipo de basura u otra según el día.
En el caso de la prueba piloto en Sant Andreu, no obstante, el sistema es polémico por cuanto las únicas bolsas homologadas para tirar la basura llevan un chip identificativo. El dispositivo contiene los datos del domicilio de origen de los residuos. En otras palabras: la bolsa de basura identifica de qué vivienda viene, rompiendo el tradicional anonimato a la hora de tirar los desechos.
¿Sanciones? De momento, "pedagogía"
El chip en la bolsa de basura, de momento, no sirve para sancionar. La recogida puerta a puerta "no pretende sancionar, sino detectar quién recicla y quién no y, en el caso de estos últimos, tratar de conseguir que lo hagan", explicó el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, a principios de mayo.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, y Eloi Badia, concejal de Transición Ecológica y vicepresidente de Ecología de la institución supramunicipal / CG
El propio electo admitió que "el sistema no es anónimo" y explicó que "identifica el comportamiento de un hogar determinado con los residuos". ¿Identificar para qué? "Hacer más pedagogía, comunicación o refuerzo o repensar horarios. Queremos identificar malas praxis, pero sin un fin sancionador", agregó. ¿Acabará sancionando el ayuntamiento? A preguntas de este medio, el gobierno municipal no ha contestado.
Rebelión vecinal
El silencio de la administración sobre las posibles multas contrasta con la efervescencia vecinal. Parte de los 6.000 hogares que participan en la prueba piloto de la recogida puerta a puerta de basuras se han sublevado contra la iniciatiava. Ya ha habido una protesta callejera, un boicot a un consejo de barrio, se han enviado quejas al Síndic de Greuges y los críticos preparan ahora más acciones.
Los residentes señalan al concejal Badia y a la edil Lucía Martín, considerados del sector más ideologizado de BComú, que administra el distrito de Sant Andreu. Ambos son del partido de Ada Colau. Por el momento, la concesionaria, Urbaser, no hace comentarios respecto al sistema. El gobierno municipal defiende la recogida y, lo que es más, prevé ampliarla a núcleos habitados en Sant Antoni y Horta este año. Con todo, primero necesitará asegurar que el sistema cumple con la privacidad requerida por ley.