Las restricciones a las escuelas de danza acaban en Competencia

La mitad de las escuelas catalanas de danza están en pie de guerra contra el Govern. Al cierre de algunos de estos centros durante la fase aguda de la pandemia se suman ahora los protocolos anti-Covid, aprobados por la Consejería de Salud tras el fin del estado de alarma. Unos protocolos sanitarios que establecen diferencias sobre el aforo y las condiciones de actividad para las empresas de forma "arbitraria", como denuncia el Colectivo de Profesores y Centros privados de Danza de Cataluña.

Esta asociación, que representa a 168 centros de las 350 presentes en la comunidad, elevará la próxima semana una queja ante la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco). Además, preparan una reclamación de responsabilidad patrimonial para exigir una indemnización por las restricciones adoptadas por la Generalitat. Una estrategia judicial que llega, según estas fuentes, tras el intento frustrado de dialogar con los responsables de Salud. "A la vista de la falta de sensibilidad y ajuste jurídico de la Consejería, interpondremos contra la misma los recursos que en derecho nos sean más adecuados", ha explicado un portavoz del colectivo.

Salud, en el centro de la polémica

La clave del conflicto reside en la distinción efectuada por el Departamento que lidera Josep Argimon entre centros autorizados y no autorizados. Estas categorías de formación no reglada --en Cataluña solo el Instituto del Teatro y el IEA Oriol Martorell conceden títulos con validez académica-- fueron introducidas en un decreto de 1993 que regulaba las escuelas de música y danza.

Pero esta regulación fue derogada en 2012, de forma que los requisitos exigidos por la Administración para recibir el estatus de escuela autorizada perdieron su vigencia hace nueve años. Sin embargo, el Govern se apoya en esta clasificación para crear dos marcos sanitarios diferentes.

Una profesora de danza se prepara para dar una clase durante el Covid-19 / EP

Reivindicación compartida

En el caso de los centros autorizados (unos 60), el Govern permite un aforo del 100%. Por contra, en las cerca de 300 empresas que no tienen este marbete solo se habilitan las clases para diez personas, contando a los instructores. Una doble vara de medir que para los denunciantes no está basado en ningún criterio epidemiológico, puesto que en ambos espacios se desarrollan las mismas actividades.

De hecho, la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña (APdC) respalda esta queja, pese a que la organización no forma parte como tal de las actuaciones judiciales en curso. "La diferencia no tiene ningún tipo de sentido, ya que no es por una razón de seguridad ni relacionada con dar un título oficial", señala un interlocutor de la APdC. Lo mismo opina la Asociación de Compañías Profesionales de Danza de Cataluña (ACPDC), cuyo portavoz Roberto G. Alonso recuerda que el tejido de centros no oficiales de la región da respuesta a una demanda real de la población y cumple una función esencial en el entorno educativo a falta de una mayor introducción de la formación en danza en los colegios e institutos.

"Trato discriminatorio"

"La consecuencia de esta distinción es un trato discriminatorio que no tiene ninguna justificación. Las escuelas de danza que represento deben ver, impotentes, cómo se limita y se impone una prohibición absoluta para ejercer su actividad y, a la vez, el Departamento de Salud permite el desarrollo de la actividad de las escuelas arbitrariamente autorizadas sin ninguna limitación", manifiesta el abogado del colectivo. Respecto a la prohibición, el letrado trae a colación que la Consejería vetó en tres ocasiones desde el inicio del estado de alarma la reapertura de los centros erróneamente catalogados como no autorizados, mientras al resto se le permitió retomar la actividad.

De ahí que los afectados elevan su queja ante el órgano supervisor y ultimen un recurso por la vía civil por el lucro cesante derivado de este parón. Algunas escuelas se ponen como ejemplo: Elite Dance, gestionada por Quique Aranda, se ha visto obligada a cerrar como consecuencia del doble baremo de Salud. Otros empresarios no se han visto obligados a tomar una decisión tan drástica, pero alegan una fuga de estudiantes hacia los centros que no experimentan restricciones de aforo. La Consejería de Salud no ha respondido a las preguntas de este medio.