La comunidad educativa arremete contra los recortes en centros de alta complejidad

Los cambios en los criterios de clasificación educativa, que reducen un 20% los centros de máxima complejidad --escuelas que atienden a alumnos en situación de riesgo social-- han puesto en pie de guerra a la comunidad educativa. CCOO, Escoles contra la Segregació y representantes de las familias de escuelas públicas critican la falta de transparencia en el proceso.

Tal como publicó Crónica Global, la reasignación se basa en el estudio Nueva clasificación de los centros educativos según la complejidad, encargado por el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de la Consejería de Educación. Fue elaborado en marzo con el objetivo de "unificar criterios para establecer la complejidad de los centros y disponer de un sistema de evaluación único y en tiempo real”, pero se basa en datos de 2019, es decir, anteriores a la pandemia.

Fuentes de la Consejería de Educación explican a este medio que el estudio es “una de las iniciativas para favorecer la equidad en el sistema educativo, junto con otros como la escolarización equilibrada”, pues “identifica el índice de complejidad de los centros a partir de parámetros” como los estudios y ocupación laboral del padre o madre o si son inmigrantes.

Estudio actualizado

El estudio se hizo por primera vez hace cuatro años y ahora se ha actualizado siguiendo los mismos parámetros. El curso que viene, añaden estas fuentes, habrá 755 centros con recursos adicionales en función de si son de máxima complejidad, de alta complejidad o media en el caso de los institutos. “La complejidad no es una foto fija y permanente, se actualizará con cierta periodicidad (3-4 años) para que refleje la realidades de los centros porque hay movilidad de alumnado, cambios de ubicaciones de centros, fusiones de centros, centros nuevos en el sistema, prácticas de escolarización equilibrada que tienden a evitar la concentración de alumnado de condición desfavorecida en determinados centros... muchos aspectos que influyen en el grado de complejidad”, precisan estos portavoces del departamento.

“Esto provoca que haya centros que antes no tenían mucha complejidad y ahora sí, mientras que otros reducen la complejidad y pasan de la franja de máxima a alta o de alta a estándar. La inmensa mayoría se mantiene en el nivel que tenían en el estudio anterior”, aseguran. En concreto, un 77%.

"Los recursos no se reducen"

Educación sostiene que “los recursos no se reducen, cambian de centro en algunos casos, justamente para que la adscripción de recursos por este concepto sea equitativa. Se debe entender que el cambio de complejidad en algunos centros, especialmente los que están en las franjas de menor complejidad de cada tramo, es la consecuencia natural de la actualización del estudio, y es lo que le da sentido para dar respuesta a la realidad cambiante”.

Este año, añade el Govern, habrá 45 dotaciones más porque se incrementan en 35 los centros que reciben recursos adicionales para complejidad.

Pero estas explicaciones no convencen a la comunidad educativa. El colectivo Escoles contra la Segregació ha pedido una revisión “urgente, transparente y más ajustada del sistema de clasificación”. Considera “chocante” que en la era de la informática se tenga que recurrir a datos anteriores a la pandemia para poder hacer esta clasificación de centros. Y sin tener en cuenta cómo la crisis del Covid ha afectado profundamente en el ámbito económico y emocional a muchas familias”, tal como advirtió el Síndic de Greuges en mayo de 2020. Este colectivo reclama más transparencia, que se tengan en cuenta datos socioeconómicos actualizados y que se implemente un sistema de clasificación más flexible.

Falta de transparencia

“No sabemos cuántos centros hay afectados con la nueva clasificación, porque nunca hemos sabido el número de centros de alta complejidad”, asegura a este medio Montse L. Tolosana, representante de les Famílies de la Pública en el Consell Escolar Municipal de Barcelona. El argumento utilizado por la Consejería de Educación para ocultar esos datos es el temor a la estigmatización de esos colegios. “En determinados barrios, las clases medias ya no van a esos centros. Ya están estigmatizados. En Ciutat Vella, según la antigua clasificación, todos eran de alta complejidad. Lo que pedimos es diálogo, tal como promete el consejero Josep González Cambray, repensar el modelo entre toda la comunidad educativa. Que los cambios no se hagan solo desde los despachos del Govern”.

¿Pero cuáles son las consecuencias de esos cambios de categoría? Tolosana explica que pasar de una máxima a una alta complejidad “supone perder horas de profesorado. Pero el problema es que algunos centros han pasado a una complejidad estándar, de forma que pierden profesorado, pero también un plan de integración social y educadores”.

El trabajo de campo de CCOO

Asegura que, gracias a CCOO Educació, que hizo una labor de campo escuela por escuela, se ha sabido la cifra de colegios que pierden la categoría. En efecto, según el sindicato, 66 centros pierden la catalogación de máxima complejidad para el curso 2021-2022. También cuestionan que la recalificación se haya hecho con datos anteriores al Covid.

Por territorios, los más afectados son Barcelona, el Consorcio Educativo de Barcelona (CEB) y Girona, que pierden, respectivamente, 14, 12 y 12 centros la clasificación máxima complejidad. Tanto en el Baix Llobregat como al CEB sólo un centro nuevo tendrá esta consideración, y en Girona serán siete los que recibirán la nueva consideración.

Cataluña central es la demarcación que mantiene la clasificación de los centros CMC, añadiendo uno nuevo. En el Vallès Occidental, cinco centros pierden la catalogación y, en cambio, 12 la incorporan. En Tarragona, seis dejan de ser CMC y diez la incorporan. En Lleida, cinco pierden esta tipología y la tendrán siete. En Barcelona comarcas, seis dejan de serlo y se incorporan dos centros. En el Maresme-Vallès Oriental, cinco la pierden y sólo uno lo incorpora. Finalmente, en Terres de l’Ebre, un centro pierde la categoría y dos la añaden.

Ante esta situación, la diputada de PSC-Units, Esther Niubó, ha solicitado a la Consejería, vía parlamentaria, el número exacto de centros educativos de máxima, de alta y de mediana complejidad, en base a la nueva clasificación que registra el informe. Asimismo, reclama la comparativa con la actual clasificación de los centros y una copia del controvertido estudio.

“Se supone que un 20% de los centros reducen el nivel de complejidad, pero a la vista del empeoramiento de la situación económica y social derivada de la pandemia, ¿se plantea el Govern prorrogar el mapa de centros de máxima y alta complejidad vigentes en este momento de cara al próximo curso?”, pregunta Niubó.