La Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña estudia cambiar los criterios de clasificación educativa que reducen un 20% los centros de máxima complejidad, esto es, las escuelas que atienden a alumnos en situación de riesgo social. Ese nuevo sistema ha utilizado datos de 2019, es decir, anteriores a la pandemia.
El PSC-Units ha pedido explicaciones al Govern, ya que esos cambios implican menos recursos para los centros y no tienen en cuenta la crisis económica y social que ha provocado el Covid.
El documento Nueva clasificación de los centros educativos según la complejidad, encargado por el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de la Consejería de Educación, se elaboró en marzo con el objetivo de "unificar criterios para establecer la complejidad de los centros y disponer de un sistema de evaluación único y en tiempo real”. Aplican el denominado método de Keener que, según los autores, proporciona mejoras y añade a la complejidad socioeconómica --número de alumnos procedentes de familias vulnerables, con una situación socioeconómica que les puede negar expectativas de futuro-- criterios de complejidad administrativa --derivada de las características del centro, como número de líneas, presencia de alumnos con necesidades educativas especiales o el entorno geográfico--.
Ventajas del nuevo método
Entre otras ventajas, este método, según los expertos, permite clasificar un total de 3.208 centros, aunque no se tenga toda la información de un centro. Asimismo, trata la influencia de los indicadores de manera agrupada en cuatro criterios de complejidad –instrucción, ocupación, inmigración y necesidades del alumnado--, y pondera la contribución de cada criterio en el cálculo del índice de complejidad. Finalmente, ese método elimina indicadores confusos, como por ejemplo la base de cotización nula.
Sin embargo, la actualización de esa clasificación de los centros según la complejidad socioeconómica se ha llevado a cabo con datos del curso 2018-2019, de forma que “el 20% de los centros hasta ahora de máxima complejidad pasan a ser de alta, es decir, que perderán recursos porque se reduce la complejidad. ¿El objetivo es ahorrar?”, denuncia la diputada de PSC-Units, Esther Niubó, quien advierte de que “tras el Covid, es obvio que la situación de los alumnos en situación de riesgo no habrá mejorado”. De ahí que los socialistas hayan presentado una batería de preguntas y exijan explicaciones parlamentarias a la Consejería de Educación. “Pedimos que, al menos, se planteen prorrogar el mapa actual”.