El Gobierno de Barcelona, liderado por la alcaldesa Ada Colau, ha aprobado una nueva subvención a Observatori Desc, la ONG donde trabajó la primera edil antes de entrar en política. Todo ello, tras la apertura de diligencias de Fiscalía por la concesión de ayudas recurrentes por convenio municipal.
Consigna la nueva ayuda la resolución de los pagos locales para la Realización de proyectos, actividades y servicios de ámbito de distrito y de ciudad para el año 2021, que se puede consultar en este enlace. La asignación, que es una convocatoria pública, ha premiado tanto a Desc como a Enginyeria sense Fronteres, la entidad donde otro político clave en el equipo local de los comunes, el concejal Eloi Badia, fue project manager antes de saltar a lo público.
Casp 43, de nuevo
El concurso de subvenciones municipales han sido vehiculadas por la comisión de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI, que pende del área de la concejal Laura Pérez (BComú). Se ha resuelto con la concesión de 5.000 euros a Desc y 11.000 a ESF. Las cantidades apenas tendrían enjundia si no fuera porque Fiscalía investiga si hay indicios de ilícito penal en las subvenciones recurrentes a estas dos asociaciones
Sean cuales fueran la pesquisas del Ministerio Público, la nueva convocatoria de subvenciones de Barcelona, la primera que resuelve la Administración local en 2021, ha beneficiado de nuevo a cooperativas domiciliadas en el número 43 de la calle Casp, la sede de Observatori Desc y del grupo Ecos, afín a BComú, partido de Colau. Han sido agraciadas Crític, Opcions, Sostre Cívic e Iacta Sociojurídica, todas ellas domiciliadas en el mismo inmueble y parte de Ecos.
La Fiscalía investiga los convenios
La nueva cadena de subvenciones a entidades alineadas con las políticas del gobierno municipal llegan cuando la Fiscalía Provincial de Barcelona investiga la concesión de ayudas recurrentes sin concurso por medio de convenio a, precisamente, algunas de estas asociaciones. Son concretamente tres: Observatori Desc, Enginyeria sense Fronteres y Aliança contra la Pobresa Energètica.
Examina las ayudas a las tres asociaciones después de que la asociación Abogados Catalanes por la Constitución alertara de que los pagos se hicieron contra la opinión del Interventor del Ayuntamiento de Barcelona, como avanzó este medio. Por su parte, el Ejecutivo ha defendido siempre la transparencia del proceso y ha apuntado a razones políticas tras la denuncia.