La fiscalía prescinde de Victoria Álvarez como testigo en el juicio a la familia Pujol

La Fiscalía Anticorrupción prescinde de proponer como testigo en el juicio de la familia Pujol a Victoria Álvarez, expareja del hijo mayor del expresidente de la Generalitat, y que en su día expuso ante la policía presuntos casos de corrupción del clan.

La fiscalía pide en su escrito de acusación a la Audiencia Nacional que para el juicio del denominado caso Pujol cite a más de 200 testigos, la mayoría de ellos empresarios y personas cercanas a la familia. Sin embargo, en dicho listado no figura Victoria Álvarez, aunque sí reclama que se adjunte su declaración judicial en la causa.

Viajes a Andorra del hijo mayor

Álvarez denunció en diciembre de 2012, primero ante la Policía y luego ante el juez, que había acompañado a su entonces pareja Jordi Pujol Ferrusola en varios viajes a Andorra, país en el cual, según afirma, el primogénito del expresident llevaba mochilas con una gran cantidad de billetes de 500 euros.

Posteriormente, la propia testigo admitió que acudió a denunciar la supuesta corrupción de los Pujol en la Comisaría General de la Policía Nacional en Madrid a instancias del excomisario José Manuel Villarejo, que contactó con ella haciéndose pasar por periodista, y un socio suyo.

Confesión del 'expresident'

Las declaraciones de la expareja de Jordi Pujol Ferrusola y las del empresario Javier de la Rosa --al que la fiscalía tampoco quiere como testigo-- dieron pie a que la Audiencia Nacional abriera una investigación en 2012 sobre las actividades económicas del primogénito.

En paralelo, un juzgado de Barcelona abrió diligencias a raíz de la carta de confesión de julio de 2014 en la que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley reconocía una fortuna oculta en Andorra, una causa que permitió expedir comisiones rogatorias y obtener información bancaria sobre los movimientos de sus cuentas en el Principado y que acabó unificándose con la que tenía en marcha la Audiencia Nacional.

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol / EFE

Presunto blanqueo

Anticorrupción pide penas de entre ocho y 29 años para la familia Pujol, y en su exposición de los hechos se remite a la carta de confesión de Jordi Pujol, una prueba clave para las acusaciones.

El ministerio público detalla también, en relación a Álvarez, que en diciembre de 2012 se presentó una denuncia "por quien tenía una relación personal" con el primogénito, afirmando que el hijo mayor de Pujol disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo y en billetes de alto valor, que introducía en España desde Andorra.

La fiscalía apunta en su escrito que, con el objetivo de determinar la veracidad de la denuncia formulada por Álvarez, se acordaron varias diligencias para acreditar el blanqueo de fondos.

DVD de su declaración

La relación de Victoria Álvarez con el comisario Villarejo coloca su testimonio en una posición delicada, dado que las defensas de la familia Pujol podrían enmarcarlo en las maniobras de lo que denominan "policía patriótica", que ya estuvieron a punto de contaminar la causa por el pendrive con información de los Pujol que llevaron a la Audiencia Nacional, según reconocieron los jueces que juzgaron este asunto.

El ministerio público se limita a pedir que se adjunte como prueba documental el DVD de la declaración que Victoria Álvarez prestó ante la justicia, así como una denuncia que ella presentó en enero de 2013 asegurando que "le habían manipulado e interceptado sus comunicaciones, tanto telefónicas como telemáticas".

De la Rosa, tampoco

A la fiscalía tampoco le interesa la declaración de Javier de la Rosa --pese a que una de las cuestiones que se dilucidarán en el juicio es si Jordi Pujol Ferrusola cobró una omisión en una operación vinculada a Grand Tibidabo--, aunque solicita que se adjunte como documental su declaración incriminando a la familia.

Javier de la Rosa, entrando en la Audiencia Nacional.

Entre los testigos que sí solicita la fiscalía para el juicio figuran el empresario Jordi Puig --hermano del exconseller de la Generalitat Felip Puig--, y el administrador de Hispart, Juan Manuel Parra, que ya fue condenado por el caso del Palau de la Música por enmascarar el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència, y que ha declarado en el caso del 3%.

Otros testigos

Asimismo, también propone como testigo al exjefe del Gobierno de Andorra Oscar Ribas, y a varios empresarios, como por ejemplo Javier Suqué --presidente de Inverama y uno de los dueños del grupo Peralada--, y Xavier Teuler, ex consejero delegado de Copisa.

Otros testigos que plantea el ministerio público son el financiero Carles Tusquets, que presidió la junta gestora del FC Barcelona, y otros empresarios y exdirectivos del club azulgrana como Jaume Ferrer --en el club durante la primera etapa de Joan Laporta en la presidencia-- y Jaume Masferrer, mano derecha del expresidente Josep Maria Bartomeu.

Red clientelar

La fiscalía sostiene en su escrito que, durante su mandato, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley aprovechó "su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual" tanto él como empresarios afines a su partido --la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)--, "se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos, cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC".

Posteriormente, el patrimonio que ganaba "ilícitamente" se ocultaba a Hacienda y afloraba más tarde "mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años".