El Govern pasa de nuevo del TSJC en la restauración del vertedero de Vacamorta

Lo ha denunciado a este medio la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC). Montse Tena, portavoz de esta asociación vecinal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Girona), recuerda que una interlocutoria firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) conminó en 2017 a la Generalitat a revertir con rapidez los destrozos causados por el depósito.

Territorio se escaquea

Además, incorporó una precisión importante: la operación debía recuperar el aspecto del paraje en el año 2000. Fecha en la que se inició precisamente la actividad de Recuperació de Pedreres, empresa gestionada por Gustavo Buesa y Josep Mayola --exsocios de Jordi Pujol Ferrusola-- que explotó el basurero hasta su cierre definitivo por parte del Tribunal Supremo.

Pese a estos antecedentes, el anteproyecto de Territorio retrotrae los efectos de la restauración solo hasta 2003. El Govern se ampara en una autorización ambiental recibida por la privada ese año tras el primer cierre decretado en 2002 por el TSJC --esta licencia fue anulada por el Supremo en 2014--. En aquella ocasión, el TSJC denegó el emplazamiento de las instalaciones por ubicarse demasiado cerca de la urbanización de Puigventós.

El vertedero de Vacamorta en Cruïlles (Girona) / CG

Mandato judicial

Con todo, un cambio legislativo permitió la reanudación de la acumulación de residuos. Tena se conoce al dedillo los detalles del caso porque la PACC fue la entidad que logró la primera sentencia favorable para los vecinos y que se ha personado en el resto de procedimientos. Por eso, la portavoz refuta los argumentos esgrimidos en el anteproyecto de Territorio en base al auto de ejecución forzosa de hace cuatro años.

El texto de esta resolución, a la cual ha accedido Crónica Global, deja claro cuáles son los deberes de la Generalitat: "No puede desconocerse el mandato de ejecución del pronunciamiento que anuló la licencia municipal de actividad del año 2000, de modo que en forma alguna puede pretenderse, como se hace, que en ningún caso cabrá ir más allá de la devolución del paraje a su estado al otorgamiento de la autorización ambiental del 2003".

Responsabilidad penal

"No hay nada nuevo", concluye Tena. "Este anteproyecto llega después de la emisión de un documental en que se habló del vertedero y tras un recurso presentado por la PACC para lograr que se inicie la retirada", añade. Este nuevo escrito de ejecución, presentado a mediados de abril, reclama no solo el arranque inmediato de la extracción de residuos --hasta ahora solo se ha realizado una prueba piloto de escaso impacto--, sino que abre dos frentes nuevos.

Por un lado, plantea que la mercantil pague por la restauración del terreno y, por el otro, reclame que se investigue a Josep Maria Tost, director de la Agencia Catalana de Residuos y encargado de la operación, por un posible delito de desobediencia. La Consejería de Territorio no ha respondido a las preguntas de este medio.

Hartazgo de los vecinos

La instalación de Vacamorta incumple la normativa ya que se encuentra a 400 metros de un núcleo poblacional. La legislación eleva esta distancia hasta los 2.000 metros. De hecho, la cercanía con la zona residencial ha sido el argumento fundamental blandido por los residentes durante su vía crucis de 20 años.

La justicia siempre les ha dado la razón. Sin embargo, la Administración ha dilatado la logística durante años. En 2018, el Govern abrió un proceso de urgencia para acometer la operación, pero la maniobra quedó aparcada por los hechos políticos del procés. Los vecinos demandan, una vez más, que la Generalitat cumpla su papel.