Impulso Ciudadano (IC) ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que le solicitan que abra una investigación sobre el rechazo del Govern a vacunar a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Denuncian que ese retraso se debe a una "razón ideológica" y que, mientras todos los agentes de los Mossos d'Esquadra y Policía Local ya han sido inoculados, en el caso de los cuerpos de seguridad del Estado, el porcentaje solo alcanza el 15%.
En su escrito, el presidente de la entidad constitucionalista, José Domingo, recuerda que "el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación Covid-19 de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones de la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha sido el encargado de fijar la estrategia de vacunación y de priorizar la administración de la vacuna de AstraZeneca a colectivos con una función esencial para la sociedad".
Competencia de la Generalitat
El 9 de febrero de 2021 actualizó la estrategia e incluyó en estos colectivos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, policía autonómica y policías locales), a personal de emergencias como los bomberos, y miembros de las Fuerzas Armadas. También incluyó a docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, y docentes de primaria y secundaria.
"En Cataluña, por razones competenciales, corresponde al Departamento de Salud cumplimentar la aplicación de la vacuna en esos colectivos. La Generalitat ha retrasado de una manera discriminatoria la vacunación a policías nacionales y guardias civiles y solo un 15% de los agentes de estos cuerpos destinados en esta Comunidad Autónoma han sido inoculados, mientras que los agentes de los Mossos d'Esquadra y de la policía local han sido vacunados casi al 100%", denuncia la organización.
Desidia y razón ideológica
"La desidia de la Administración autonómica --añade IC-- en la aplicación de la vacuna a estos agentes tiene, al parecer, una razón ideológica". "De hecho, finalmente va a ser el Ministerio de Sanidad y la Delegación del Gobierno en Cataluña quienes van a asumir la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña. La propia Ministra de Sanidad reconoció en el Senado que Cataluña es la única Comunidad Autónoma en la que se ha producido esa situación y expresivamente habló de 'fracaso' en el proceso de vacunación", indica en referencia a la polémica decisión que se ha tomado desde Moncloa.
La entidad afirma que "el retraso en la vacunación a estos colectivos no se justifica en razones de salud pública ni en la carencia de vacunas. Con independencia del posible contenido delictivo que pudiera tener el retraso intencionado en la aplicación de la vacuna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, consideramos conveniente que el Defensor del Pueblo abra una investigación sobre las razones de la demora y los riesgos que ello ha supuesto para la salud de los miembros de estos colectivos y de la población en general que reside en Cataluña. Ello, al margen de la posible conculcación de derechos fundamentales como el de igualdad (art. 14 CE), el derecho a la salud (art. 43)".
Por todo ello, Impulso Ciudadano insta al Defensor del Pueblo a "investigar las razones que han motivado la discriminación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña respecto a otros colectivos policiales y otros funcionarios de Cataluña (en especial Mossos d’Esquadra y policías locales) y del resto de España en donde los miembros de esos cuerpos de seguridad están vacunados prácticamente al cien por cien".