La principal prueba de cargo del denunciante de Marín se desmorona

El caso se reactivó ayer con las declaraciones de los principales imputados ante la juez, la alcaldesa de la ciudad, Nuria Marín; el secretario de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras --investigado por el supuesto desvío de las subvenciones del Consell Esportiu--; Cristian Alcázar, expresidente del Consell y segundo teniente de alcalde, y Montse Pérez, jefa de gabinete de la alcaldía.

Denuncia ante los Mossos

El robo del ordenador, que pertenecía al contable del Consell, fue denunciado ante los Mossos d’Esquadra por el director de esta entidad, Eduard Galí, el pasado 28 de febrero de 2020. Según consta en el atestado policial, al que ha tenido acceso Crónica Global, ese ordenador portátil, marca Lenovo, negro, con funda roja y valorado en unos 600 euros, contenía “información económica importante sobre la entidad”. Galí sospechaba de un trabajador como autor de la sustracción, ya que no había ningún acceso forzado a las dependencias donde estaba el aparato. La denuncia está incorporada al sumario de la juez de L’Hospitalet.

Sin embargo, fue Graells quien se apoderó del ordenador. Así lo confesó en su declaración ante la instructora en julio de 2020, así como la que hizo el pasado jueves. Graells entregó el portátil a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al considerar que podía ser una prueba de los hechos. Lo hizo días después del robo.

Prueba contaminada

Fuentes jurídicas explican a Crónica Global que los abogados defensores se plantean incluir esa sustracción en su petición de archivo de la causa pues, a su juicio, se trata de una prueba contaminada, ya que la información que contiene pudo ser manipulada. De hecho, Mercedes Hernández, pareja de Graells y trabajadora del Consell, admitió que había hecho anotaciones manuscritas en las copias de la documentación entregada a la policía, procedente del ordenador. Graells niega haber utilizado la información de ese aparato.

Los imputados admiten errores administrativos en la gestión del Consell, pero en ningún caso hubo apropiación indebida. Actualmente, ese ordenador está en poder de la juez. 

Petición de informe pericial

Las defensas se plantean también solicitar un informe pericial sobre las cuentas. En su momento, el ayuntamiento ordenó hacer una auditoría, pero se tuvo que suspender por la intervención de la UDEF.

En este sentido, la alcaldesa Marín hizo referencia a esa auditoría para negar ante la juez que hubiera tenido una actitud pasiva en el supuesto desvío de fondos en el Consell Esportiu, que se financia parcialmente de fondos públicos. Figueras, por su parte, aseguró en su declaración que las ayudas se adjudicaron correctamente, tras superar exhaustivos filtros y revisiones. Por su parte, el interrogatorio de Cristian Alcázar versó sobre un aval y una póliza de crédito cuya documentación incluía el acta de una reunión de la junta directiva del Consell que, en realidad, no se llegó a celebrar. Alcázar declaró que fue Mercedes Fernández quien preparó esa documentación e incluyó el acta falsa que él firmó sin darse cuenta, junto al resto de documentación. 

Las pesquisas de la juez se centran en un presunto desfase de 400.000 euros entre las cuentas presentadas en la asamblea del Consell del ejercicio de 2019 y las entregadas posteriormente ante la secretaría del Deporte de la Generalitat.