Aragonès y Puigdemont, 'unidos' contra la inhabilitación por desobediencia de Nuet

La inhabilitación del diputado Joan Josep Nuet por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, al permitir la tramitación del referéndum ilegal del 1-O y las denominadas leyes de desconexión de Cataluña siendo miembro de la Mesa del Parlament en 2017, ha desatado la indignación de los actuales mandatarios de la Generalitat y otros dirigentes secesionistas. Empezando por su vicepresidente Pere Aragonès (ERC), que ha coincidido con sus socios de JxCat en criticar a la justicia.

"Inhabilitado por permitir el libre debate en la Mesa del Parlament, por ser demócrata. Es venganza. Todo el apoyo, Nuet", ha manifestado Aragonès en un contundente mensaje en su perfil de Twitter.

En términos casi idénticos se ha manifestado el expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont, quien ha considerado que "España lo condena por ser demócrata, por permitir el debate parlamentario. España es una vergüenza europea. Todo mi apoyo a Nuet ante una nueva injusticia", ha manifestado el exmandatario posconvergente.

Y en la misma línea se ha pronunciado otra dirigente de JxCat, la presidenta del Parlament Laura Borràs, en cuya opinión "tanto da lo que se diga o se haga, en el Estado español se continúa penando la libertad de expresión de los representantes políticos".

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de "injusto y vengativo" al Supremo por, según él, inhabilitar a Nuet por "defender que en democracia se pueda debatir en plena libertad"..

Desoyó las advertencias del Constitucional

Los mandatarios secesionistas eluden aludir en sus comentarios a las causas por las cuales el Tribunal Supremo ha inhabilitado durante ocho meses para el ejercicio de cargos públicos electos --y 12.000 euros de multa-- al por aquellas fechas diputado de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) en el Parlament y, hasta ahora, de ERC en el Congreso: tramitar diversas iniciativas favorables al procés independentista siendo secretario tercero de la Mesa de la Cámara catalana, a pesar de que el Tribunal Constitucional lo había prohibido al declararlo ilegal.

En la sentencia, el Supremo reconoce que desde su posición en la Mesa del Parlament Nuet "pretendió establecer puntos de unión y conexión entre dos grandes grupos fuertemente enfrentados". Pero, a pesar de las continuas advertencias del Constitucional, fue votando a favor de acuerdos contrarios a la Constitución hasta que el 6 de septiembre de 2017 la Mesa del Parlament dio el visto bueno a la denominada ley del referéndum.

"Habían sido advertidos"

"El acusado era plenamente consciente de que la proposición del referéndum de autodeterminación contrariaba abiertamente la Constitución y las resoluciones, providencias, Autos y Sentencias del Tribunal Constitucional, que habían dispuesto el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera una actuación contraria a los mandatos emanados del Tribunal, y de ello habían sido advertidos los miembros de la Mesa por el Letrado Mayor y el Secretario General del Parlamento. No obstante, votó a favor de su admisión a trámite", recuerda el Supremo.

Posteriormente, el acusado se opuso a la tramitación del proyecto de referéndum por el procedimiento de urgencia y también se abstuvo sobre la admisión a trámite de la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica.

Acatar sentencias, "fundamento del sistema democrático"

A juicio de los magistrados, estos hechos son constitutivos de un delito de desobediencia grave, porque, como estableció el propio tribunal en la sentencia del procés, la legitimidad del TC "no puede ser arbitrariamente reconocida o negada en función de la coincidencia o el rechazo con los intereses políticos que laten en el ejercicio del poder".

"El acatamiento a sus sentencias y resoluciones es el fundamento del sistema democrático", subrayó el Supremo en esa sentencia.