No esconden los creadores de la Identidad Digital Republicana (IDR) que el objetivo principal es crear un “censo republicano” y financiar el Consejo para la República. Expertos en protección de datos y derecho digital consultados por Crónica Global consideran legal esta iniciativa, siempre y cuando esa cesión de información personal, que es voluntaria, no se ceda a terceros. Coinciden en ver una finalidad política en ese DNI republicano y advierten de una posible competencia desleal al favorecer un determinado tipo de consumo.
De hecho, entre las prestaciones de la ID, el Consejo destaca el “consumo estratégico”, expresión que dio nombre a una campaña de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) --Consum estratègic-- que planteaba el boicot a empresas no independentistas y que fue prohibida por la Justicia. Por lo demás, se trata de un proyecto menos ambicioso que el inicial, pues de tener una identidad digital con firma electrónica se ha pasado a un QR que no reúne los requisitos oficiales como sistema de identificación digital.
Campaña publicitaria de la tarjeta de Identitat Digital creada por el Consejo de la República / CONSELLXREP
Una importante base de datos
Sergio de Juan-Creix, profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), experto en derecho digital y cofundador del despacho Croma Legal, circunscribe la iniciativa a un asunto estrictamente político. Desde el punto de vista de la protección de datos “no hay problema, pues los usuarios dan voluntariamente sus datos. No se impone a nadie”. Otra cosa, advierte, es “quién está detrás de todo ello. ¿Quién es el responsable de esa información? Porque la Generalitat no lo es”. Y, sobre todo, el experto cuestiona la finalidad de ese DNI independentista. “Detrás de ese carnet habrá una importante base de datos, por lo que cabe preguntarse si la finalidad es discriminar políticamente a una parte de la población o saber a quién van dirigidos sus votos”, advierte.
De Juan-Creix considera problemático que ese carnet otorgue beneficios económicos o sociales, lo cual “también sería discriminatorio respecto a quienes carecen del mismo, como por ejemplo descuentos en determinadas tiendas. Eso podría suponer una competencia desleal, porque favorece un determinado tipo de consumo”.
Carles Puigdemont, en un acto del Consell per la República Catalana en Perpiñán / EFE
“Beneficios sociales, consumo estratégico..."
En este sentido, el Consejo para la República asegura que con la ID se pueden “ejercer derechos como ciudadano de la república: votar, participar”, así como “identificarse”. También ofrece “beneficios sociales, consumo estratégico, entidades sociales, medios, clubes…”
Se da la circunstancia de que, en junio de 2019, la ANC lanzó la campaña Consum estratègic, que los tribunales ordenaron cerrar en respuesta a una denuncia de Foment del Treball, que la calificó de boicot contra empresas no independentistas. En paralelo, el caso dio lugar a un conflicto de competencias, dado que la patronal pretendía que la Comisión Nacional del Mercados y la Competencia (CNMC) tramitara su denuncia, mientras que la Generalitat consideraba que es la Autoritat Catalana de la Competència la que debía asumirla. El Tribunal Constitucional falló a favor de Foment.
El Consejo para la República recupera ahora ese concepto de “consumo estratégico” para un ID cuyos creadores están “trabajando para ampliar el listado de entidades, empresas, ONGs, plataformas, sindicatos, fundaciones, asociaciones que usarán la ID y la integrarán a sus diferentes sistemas".
"Roza lo esperpéntico"
“Este tema ya hace tiempo que rueda y sinceramente roza lo esperpéntico”, señala Ernesto Abelló, presidente de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos (APCPD).
Considera que “la presunta intención es crear una base de datos de personas y entidades para, según dicen textualmente, 'realizar acciones que el Estado desconocerá'. No hay más información sobre el uso y destino real de la información tal como establece la legislación europea y nacional de protección de datos”.
En cualquier caso, precisa el experto, “si se cumple con los requisitos para crear una base de datos, cada ciudadano es libre de inscribirse en cualquier asociación siempre que no se trate finalmente de una organización delictiva por sus actos”.
Acto del Consell per la República en Perpiñán, Francia / EP
Financiar la "república catalana"
Los impulsores de la ID aseguran que no tienen ninguna intención de compartir los datos del registro con nadie, que no contemplan ninguna actividad que requiera un tratamiento fiscal. “Puede ser que haya entidades y empresas que pidan la ID, pero es exclusivamente para procesos de identificación. En ningún caso tiene vinculación con facturas de ningún tipo”.
No esconden que los 6 euros que cuesta la ID con QR --12 euros si incluye tarjeta física-- cubren los costes del proyecto, pero también “ayuda al Consejo a poder seguir desarrollando su mandato democrático con el objetivo inequívoco de lograr la independencia”. El objetivo es crear “un censo republicano” para preparar “una estructura de Estado”. No se descarta que el carnet sirva como wallet de criptomoneda.
El Consejo para la República, controlado por Carles Puigdemont, tiene sede en Waterloo y su tratamiento de datos está sometido a la legislación europea, tanto a la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico como al Reglamento europeo 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas, que indica que “quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical”.