Foment del Treball quiere demostrar que la ANC llama a un "doble boicot"

“La entidad ANC ha ido mucho más allá de la emisión de una opinión de carácter político y ha incurrido claramente en un boicot que ha de ser calificado como acto de competencia desleal”. Esta es la tesis de Foment del Treball en la demanda que ha presentado ante los juzgados de lo Mercantil de Barcelona, tramitada a la vez que la denuncia remitida a la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco). Incluso va un paso más allá al asegurar que la entidad independentista ha hecho un llamamiento a un “doble boicot”.

Afirma que la campaña de Consum Estratégic que facilita identificar las empresas comprometidas con la república catalana y qué productos o servicios comercializa “está dirigida no sólo al ámbito de las relaciones entre operadores económicos y consumidores, sino también al plano de las relaciones directas entre operadores económicos”. Por lo que considera que genera un doble perjuicio a los afectados.

Medidas cautelares

No se espera que los magistrados de lo mercantil tarden mucho en analizar la causa, ya que la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre ha incluido la petición de medidas cautelares. Demanda el “cese provisional e inmediato” de realizar varias iniciativas enmarcadas en uno de los ejes de los actos de celebración del próximo 11 de septiembre, la Diada en que la ANC reclama que los independentistas no se limiten a salir a la calle.

Foment reclama el cierre de la web que se puso en marcha a finales de junio para lanzar el proyecto; que deje de hacer “campañas públicas y privadas que inciten a los consumidores y empresas a boicotear empresas” y contratar las que promueve la ANC; acabar con la organización de “charlas, conferencias, ferias y procedimientos análogos para difundir y explicar su campaña de boicot”; impedir la “difusión de cualquier hoja, folleto o libro” impreso o digital de publicidad; y prohibir la “participación, por parte de los órganos directivos o de cualquier afiliado de la entidad demandada” a realizar comparecencias públicas y en los medios de comunicación para promoverla.

Restricción del mercado

En definitiva, busca que un juez “declare que el boicot organizado y ejecutado por la ANC es contrario a las normas” e incurre un claro caso de “competencia desleal”.

En el escrito, que supera las 40 páginas, se afirma que la ANC busca “restringir y distorsionar gravemente el funcionamiento del mercado” en la autonomía. “Una cosa es opinar a favor o en contra de una idea y otra muy distinta actuar con la clara intencionalidad de influir en el mercado”, apunta el escrito, “a fin de eliminar del mismo a los operadores económicos que no apoyan unas determinadas ideas políticas”.

Libertad de expresión

También destaca que el principio de libertad de expresión se puede “opinar de manera lícita sobre el comportamiento en relación al uso de la lengua catalana por parte de determinados operadores económicos”. Pero mantiene que “no está amparado por el principio constitucional” un “boicot sistemático y permanente” para “organizar y estructurar un conjunto de actos y procedimientos con la finalidad de conseguir distorsionar el principio de libertad de empresa”.

“Aquellos operadores económicos que no quieren ser objeto de boicot se ven obligados a significarse y declararse favorables a una opción política”, sentencia Foment del Treball. Todo ello, “bajo la amenaza” de que si no lo hacen “quedan sometidos automáticamente a un boicot tanto por parte de los consumidores como de otros operadores económicos”.

ANC niega el fondo de la campaña

La presidenta de la ANC Elisenda Paluzie y el dirigente de la entidad David Fernàndez en la presentación de la campaña de 'Consumo Estrategico' / EP

Los responsables de la campaña de Consumo estratégico han negado de nuevo el fondo de la iniciativa. Desde el secretariado de la ANC, David Fernández ha explicado a Europa Press que buscan dar “información a la ciudadanía para promover un consumo responsable y de proximidad”. Ha obviado como ocurrió en la presentación de la iniciativa que este “consumo responsable y de proximidad” está enmarcado en la defensa de la república catalana.

De hecho, ha asegurado que la entidad independentista busca “despolitizar” a las empresas catalanas y que por ello ha lanzado la iniciativa. Su presidenta, Elisenda Paluzie se ha limitado a señalar que “a estas alturas, ya nos sorprenden pocas cosas”.