Josep Bou, el extraño salvavidas del gobierno de Colau

Los datos son los siguientes. Bou presentó al pleno municipal una proposición que pedía una auditoría externa de las subvenciones concedidas por el ayuntamiento desde 2015. Ello es mollar porque, en paralelo, el Ministerio Público investiga si hay indicios de ilícitos penales en la asignación de 3,4 millones municipales a entidades como Observatori Desc o Enginyeria sense Fronteres. La de ayer, pues, era una propuesta para el control político del caso mientras fiscalía determina si hay mimbres delictivos. 

Una moción descafeinada

No salió. O salió descafeinada. Bou pinchó en la negociación con el gobierno de Colau en una cuestión que incomoda sobremanera al bipartito sociocomún. Lo que se aprobó fue una iniciativa para que el Ayuntamiento de Barcelona apruebe en tres meses un informe interno --en ningún caso una auditoría externa y, por ende, independiente-- sobre las subvenciones municipales. 

Y otro detalle. La propuesta defendida por Josep Bou fijaba 2015, primer año de Colau como alcaldesa de Barcelona, como ejercicio de inicio con necesidad de auditar. El gobierno local le coló comenzar el tibio análisis un año antes: 2014. Ello se explica porque desde BComú se ha defendido en las últimas semanas que las subvenciones investigadas por fiscalía comenzaron con Xavier Trias (CiU) como alcalde. En puridad, Bou ayudó ayer a alimentar el relato de defensa de los comunes. 

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, durante un pleno municipal / EFE

Con la violencia por Hasél, también

Fuentes consultadas por este medio atribuyen el capote echado por Bou al gobierno de Colau a su poca capacidad negociadora y al ánimo de aprobar proposiciones para conseguir impacto mediático, aunque estén descafeinadas por el gobierno municipal. Hay precedentes. Ocurrió en el pleno de febrero, cuando el mismo concejal pactó con el Ejecutivo local una declaración institucional contra la violencia desatada en la capital catalana por los radicales que protestaban por el encarcelamiento de Pablo Hasél. 

El texto presentado por el concejal y empresario [consultar aquí] contenía cinco puntos, pero el equipo de Colau se ventiló el más polémico: el que pedía que el Ayuntamiento de Barcelona compareciera como acusación particular en los procedimientos abiertos "con el fin de que los acusados respondan por los daños ocasionados en los bienes y el patrimonio públicos". El gabinete de Colau sustituyó esa parte por una referencia a "sumarse a la acción civil" de fiscalía. De nuevo, una negociación a la baja, lo que significa un control mucho menos intenso del equipo de gobierno. 

Con la restauración, también

El ánimo de Bou de aprobar proposiciones con un Gobierno hostil a algunas empresas, pese a que él mismo es empresario, es incluso anterior. En noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Barcelona instó a la Generalitat de Cataluña a levantar el cierre a la restauración, decretado en octubre de 2020 por el empeoramiento de las cifras de la pandemia. De nuevo, el edil díscolo popular negoció con el Ejecutivo local y rebajó su propuesta [ver aquí]. 

Lo que tenía que ser un "levantamiento inmediato" de las restricciones a la hostelería pasó a ser una petición para relajar los límites al 23 de noviembre, cuando vencía el plazo dado por el Govern. Y cuando se sabía que la Administración autonómica ya sopesaba relajar el cerrojazo en aquella fecha. Bou también toleró que el bipartito sociocomún diluyera la petición de rescate al sector de la Generalitat a la restauración para futuros cierres, al incluir también al Gobierno y al Ayuntamiento. El texto perdió fuerza, pero Bou consiguió aprobar su moción. 

Enfrentado con (casi) todo el mundo

Desde la oposición municipal en Barcelona recuerdan que Bou, a quien el gobierno municipal de Barcelona llevó a su terreno, necesita oxígeno. No en vano, el electo perpetró una purga de consejeros de distrito y asesores esta semana, como avanzó Metrópoli Abierta. Tras ello, el concejal encajó una rebelión de cargos locales del PP contra sus formas. La contraofensiva concitó el apoyo de siete de los diez concejales de distrito del partido en Barcelona. Los firmantes pidieron su dimisión. 

Lejos de cesar, Josep Bou ha continuado imponiendo una línea hostil con la formación y, en particular, con el otro electo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Óscar Ramírez. En paralelo al viraje cesarista, el político se ha acercado a un gobierno municipal a las antípodas del proyecto que representa en un momento en el que se intensifican las vibraciones del empresariado local contra el Ayuntamiento de Barcelona por capítulos como la guerra al coche o su oposición a inversiones de ciudad como el proyecto de subsede del Museo Hermitage.