La justicia tumba la radio privatizada de Puigdemont

El Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Girona ha dictado una sentencia en la que dictamina que el Ayuntamiento de Girona cedía ilegalmente a una productora externa la gestión completa de la emisora municipal de la ciudad por un importe de 316.389,29 euros. Según la sentencia "no puede obviarse que la adjudicataria no solo se encarga de la elaboración de la programación, sino que también determina el contenido de los programas, selecciona los intervinientes y facilita las instalaciones y los medios personales y técnicos necesarios para prestar el servicio". Y, además, "puede encargarse de la gestión de la publicidad y de patrocinios de programas".

La resolución responde a un recurso de la Associació Catalana de Ràdio (ACR) que había denunciado la situación desde la época en que el expresidente catalán fugado de la justicia Carles Puigdemont era alcalde de la capital gerundense.

Otros ayuntamientos

La misma sentencia indica que "la Oficina de Comunicación no dispone de medios humanos ni técnicos necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato que tendría por objeto la prestación del servicio de producción, realización, edición y emisión de los programas de la programación básica de la emisora". La empresa adjudicataria de la privatización, Montcau Produccions, ha resultado adjudicataria de servicios iguales en otros ayuntamientos, y siempre por este mismo procedimiento declarado ilegal en tres sentencias diferentes.

El juzgado interpreta a partir de la declaración de la técnica del ayuntamiento responsable del servicio, que "en realidad se ha cedido la gestión de la emisora municipal a la adjudicataria que no se limita a proporcionar un soporte accesorio, sino que efectúa todo lo necesario para la prestación del servicio".

A través de La Xarxa

La Associació Catalana de Ràdio ya denunció esta situación el 2016, cuando Puigdemont presidía el consistorio. En ese momento "cedieron la explotación de la radio municipal a una productora privada que también hacía el 100% de la gestión de la emisora", explican en un comunicado.

En ese caso, Puigdemont lo hizo a través de La Xarxa, organismo público dependiente de la Diputación de Barcelona, entonces también en manos de su partido. A raíz de la denuncia por parte de la ACR ante el ayuntamiento y el CAC, la actual alcaldesa, Marta Madrenas, ordenó el inicio de un nuevo concurso de privatización. 

Nuevo concurso

Cuando en 2018 se volvió a abrir concurso para adjudicar la emisora de Girona, la ACR volvió a denunciar la situación al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) y al ayuntamiento. "Pero ante la falta de actuación efectiva del CAC la asociación se vio obligada a recurrir a los tribunales que finalmente le han dado la razón", añaden.

Esta es la tercera sentencia ganada por la ACR y que confirma que no se puede ceder la explotación de una frecuencia municipal. Previamente a la de Girona se dictaminaron también en contra de las cesiones de explotación de los ayuntamientos de Castelvell del Camp y Sant Pol de Mar. Este mes de enero, la ACR ya denunció la urgencia con que el Departamento de la Presidencia quería hacer aprobar un decreto ley sobre comunicación audiovisual. Pretendidamente la razón de la urgencia era una adaptación a la directiva europea. El texto, en realidad, incluía una enmienda a la ley vigente, que habría dejado sin efecto esta sentencia que declara ilegal la privatización de las emisoras municipales.

Sin personal ni infraestructura

La ACR ha denunciado los últimos años las privatizaciones de las emisoras municipales de Girona, Sant Pol de Mar, Berga, Santa Cristina de Aro, Castellvell del Camp (que emitía para todo el Camp de Tarragona), Santa Coloma de Farners y recientemente Sant Vicenç de Montalt, Sant Sadurní y San Just, entre otros. Fruto de estas acciones "algunos ayuntamientos han cesado en este procedimiento ilegal de manera voluntaria y en otros casos han sido los juzgados los que han obligado a los ayuntamientos a hacerse atrás en las privatizaciones".

El cambio normativo que quería hacer aprobar Presidencia "habría avalado casos como el del Ayuntamiento de Girona, que sin tener ni personal ni infraestructura radiofónica de ningún tipo, ya cedió toda la explotación durante el anterior mandato y lo ha vuelto a hacer a favor de Montcau Produccions. Montcau es la adjudicataria de muchas de estas privatizaciones