La batalla ficticia de Colau contra las 'fake news' es la principal 'fake new'

El debate sobre las fake news (o bulos) ha irrumpido con fuerza en el foro público en paralelo a la expansión de las redes sociales. Las sociedades occidentales se preguntan cómo combatir el desafío de las mentiras y la desinformación en la era digital.

Esta circunstancia también ha sido aprovechada por algunos gobernantes para atacar a los medios críticos con su gestión. El caso más paradigmático a nivel global es el del expresidente de EEUU Donald Trump, quien se hartó de acusar a la prensa de difundir fake news sobre él cada vez que una información le incomodaba. En el ámbito local, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su formación política, los comuns, actúan de modo similar.

Victimismo como defensa

Hace apenas tres meses, la líder de Barcelona en Comú arremetió contra Crónica Global y acusó al medio de difundir noticias falsas (fake news). Los argumentos fueron los mismos que utilizan políticos de otras latitudes: atribuir la críticas a una estrategia de la “extrema derecha”; denunciar que “está en juego la democracia”; apuntar a “determinados sectores de las élites” que la tratan “como a una intrusa”; y, en definitiva, presentarse como una damnificada por la estrategia de los “rivales” políticos que buscan “deshumanizarla”.

Pero en ese ejercicio de victimización a través de Facebook, la alcaldesa no ofreció ningún dato concreto que apoyara su acusación de presuntas fake news, más allá de imputar a este grupo algún “titular escandaloso” que después viralizan perfiles “vinculados a Cs y Vox”.

Desacreditar a los medios con falsedades

La estrategia de Colau y de su entorno político de desprestigiar y desacreditar con acusaciones de fake news a los medios críticos con su gestión viene de lejos. Así ocurrió durante la crisis de seguridad ciudadana que sufrió Barcelona en el verano de 2019. Crónica Global y Metrópoli Abierta, entre otros medios, denunciaron que algunas empresas de distribución habían dejado de repartir paquetes en algunas zonas de la ciudad ante el aumento de robos sufridos.

A los pocos días, el Ayuntamiento de Barcelona envió una réplica solicitando su publicación en Crónica Global apelando al derecho de rectificación. Pese a que este medio difundió inmediatamente la versión del consistorio, y explicó que se trataba de un intento de amedrentar a sus periodistas, presentó una demanda por considerar que no se había hecho en la forma establecida por la ley. Y el 5 de noviembre de 2019, un juzgado de primera instancia le dio la razón y obligó a Crónica Global a publicar de forma íntegra y sin apostillas la réplica del ayuntamiento.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona / EP

 

Sentencias distorsionadas

A partir de ahí, medios y perfiles de redes sociales próximos a Colau y a los comuns se hicieron eco de dicha sentencia, pero de forma distorsionada: el mensaje que se difundió fue que la justicia había condenado a Crónica Global por mentir.

Nada más lejos de la realidad: el tribunal indicó que la réplica (es decir, el ejercicio del derecho de rectificación) del ayuntamiento no se había publicado correctamente (íntegra y sin apostillas) y el medio fue condenado a volver a publicarla adecuadamente. La veracidad de la información jamás fue puesta en duda por la justicia, pero esa fue la idea que se vendió desde el entorno de los comuns.

Varapalo de la justicia a Colau

Por si eso no fuera suficiente, ahora la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso presentado por Crónica Global y ha revocado la sentencia dictada en primera instancia. El tribunal es contundente: el Ayuntamiento de Barcelona carecía de legitimación activa para reclamar el derecho de rectificación respecto a una información en la que ni siquiera es citado. Y condena en costas al consistorio, lo que significa que deberá abonar los costes de su defensa y la de este medio.

La Audiencia deja claro que eran las empresas de reparto “las únicas legitimadas para interesar, en su caso, dicha rectificación” respecto a la información que señala que no entregaban mercancía en los barrios conflictivos de Barcelona. Pero no lo hicieron.

El derecho no pone en duda la información

La sentencia del Audiencia de Barcelona incide en un aspecto relevante para el debate de las fake news. Y es que la apelación al ejercicio del derecho de rectificación por parte de una persona física o jurídica es el derecho de estas a que un medio reproduzca su versión de unos hechos. Pero la obligación del medio de reproducir la réplica no implica que la información sea falsa, ni que la contestación del afectado sea veraz. Se trata de un mero automatismo para dar voz a la persona aludida. De hecho, ninguno de los medios Crónica Global Group han sido condenados jamás por falta de veracidad en alguna de sus informaciones.

“Lo pretendido por el ayuntamiento no es propiamente una rectificación sino una declaración de falta de veracidad de la información ofrecida por la demandada [Crónica Global] con base a las manifestaciones de terceros; extremos que exceden del contenido del derecho”, advierte la justicia al Ayuntamiento de Barcelona.

Colau afina sus cañones

Sin embargo, todo apunta a que el consistorio presidido por Ada Colau apostará por esta vía --la del derecho de rectificación-- para intentar acallar a los medios más críticos con su gestión, vendiendo después la obligada publicación de su versión como la demostración de que se trata de fake news. El blog de su formación política aprovecha para publicar cualquier rectificación con una retorcida interpretación de la realidad. Si un medio publica una nota enviada por el consistorio, los comuns se ocupan de difundir que el medio se ha equivocado y rectifica sus términos, sin explicar a sus lectores que la realidad es otra: sencillamente cumple con la ley.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho uso de su derecho de rectificación frente a Crónica Global y Metrópoli Abierta en cerca de una decena de ocasiones. Pero la semana pasada Colau firmó un decreto por el que delega en los concejales “el ejercicio del derecho de rectificación” ante “la publicación de noticias falsas, inexactas o desinformadoras relativas a políticas municipales, mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación, incluidas las redes sociales”. Un claro aviso para aquellos que se atrevan a criticar su gestión.