Los sindicatos policiales SPC y Sapol han pedido al Parlament y al Ayuntamiento de Barcelona que inicien los pasos necesarios para que las entidades, asociaciones y partidos políticos que no condenen la violencia de los últimos días en Cataluña no reciban subvenciones y ayudas económicas públicas.
Ambos sindicatos resaltan en un comunicado conjunto de cinco puntos que han dirigido una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para mostrar su "profundo malestar y preocupación" ante la "violencia nunca vista" y los ataques a la policía cometidos en las últimas semanas "con la excusa de la defensa de las libertades".
Exigen una condena "explícita" de la violencia
En sus escritos, los dos sindicatos, personados como acusación particular y popular en la causa contra los ocho detenidos por quemar una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro -que pudo salir ileso-, piden que el Parlament y el pleno del Ayuntamiento propongan una "condena unánime y explícita" de la "violencia extrema" sufrida por la sociedad catalana y los policías los últimos días.
En el caso de que haya entidades, asociaciones y partidos políticos que no condenen "de manera clara" esta violencia, los sindicatos solicitan que sean excluidos de las subvenciones que reciben, así como de cualquier tipo de ayudas económicas de carácter público, ya que consideran que este dinero ha servido, como mínimo en parte, para "atacar a la misma sociedad" que se los ha entregado.
Piden más recursos
También solicitan que el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona asuman el compromiso de dejar fuera de las "luchas partidistas" el servicio público de seguridad y a la policía, y que apoyen a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Urbana de la capital catalana, en concreto a las unidades de orden público, dotándolas de suficientes recursos humanos y materiales para afrontar con garantías "este tipo de delincuencia".
Los dos sindicatos piden también que las administraciones persigan legalmente a los autores de los disturbios para que sean ellos los que abonen los costes de los daños al mobiliario y lesiones a las personas, y no el conjunto de los ciudadanos a través de sus impuestos.