Las negociaciones para formar gobierno avanzan lentamente, pero hoy por hoy, pocos dudan de que el futuro presidente de la Generalitat será el republicano Pere Aragonès. Junts per Catalunya (JxCat) no se lo está poniendo fácil con sus exigencias independentistas, hasta el punto de que, tal como publicó Crónica Global, el núcleo duro de Carles Puigdemont amaga con reventar las negociaciones.

En JxCat hay nervios, y no solo en sus tacticismos internos, sino también por la certeza de que, entren o no en el nuevo gobierno, los republicanos asumirán por primera vez consejerías donde se han negociado los grandes contratos de la Generalitat y, por consiguiente, donde se ha detectado el epicentro del caso 3%. El relativo al cobro de comisiones por adjudicación de obra pública para financiar irregularmente Convergència.

"Levantar las alfombras"

“Es obvio que existe el temor a que Esquerra levante las alfombras”, explican fuentes conocedoras de las negociaciones entre los dos partidos secesionistas.

Así, las consejerías de Presidencia, Territori y Políticas Digitales quedarán ahora en manos de ERC. Ha habido intentonas, por parte de JxCat, de que esos negociados sean compartidos para minimizar el golpe o, cuando menos, se repartan secretarias. Pero según esas fuentes, Esquerra no quiere desaprovechar la oportunidad de asumir el control de departamentos “controlados por los mismos equipos de CiU y JxCat desde hace diez años”.

Damià Calvet es actualmente el consejero de Territorio y Sostenibilidad, un departamento de gran impacto territorial, licencias y contratos multimillonarios en manos desde hace casi 40 años de Convergència. Esta consejería, de la que dependen las licitaciones de las grandes obras públicas, ha resultado salpicada por esos casos de corrupción. La crisis económica fue minimizando la obra pública de la Generalitat, por lo que las grandes operaciones se trasladaron a los ayuntamientos y diputaciones.

Control jurídico de la contratación local

Pero la sombra convergente es alargada, pues el expresidente Quim Torra ordenó a sus servicios jurídicos, que dependen de la Consejería de Presidencia, que tomaran el control de esos contratos municipales. Lo hicieron mediante una reestructuración llevada a cabo en 2019, cuando la Dirección General de Administración Local y el Jurado de Expropiación Forzosa, que siempre había dependido de Gobernación, paso a Presidencia. Así, el Gabinete Jurídico pasó a controlar la gestión de la supervisión de los contratos administrativos, participando en las ponencias previas del Tribunal de Contratos. Un gabinete que ahora estará bajo el control de ERC.

Asimismo, la Consejería de Políticas Digitales y Función Pública está considerada como la favorita de Carles Puigdemont. Su titular actual es Jordi Pugneró, hombre de la máxima confianza del fugado y que asumió el reto de impulsar una república digital. Los grandes contratos de telecomunicaciones de la Generalitat también son controlados desde hace una década por CiU y JxCat.

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) depende de Políticas Digitales, tiene un presupuesto elevadísimo, 517 millones de euros, aunque oficialmente solo se dedican a externalizar servicios. Aunque, en este caso, el temor de los neconvergentes es doble, pues además de esa intensa labor de contratación, el cerebro digital de la Generalitat ha estado al servicio de sus intereses.