El PP pone a prueba el pacto de PSC y JxCat en la Diputación con el caso Hasél

El Partido Popular (PP) pondrá a prueba el pacto de PSC y Junts per Catalunya en la Diputación de Barcelona con una moción que condena "sin ambigüedades" el vandalismo urbano que se ha producido en los últimos días tras las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. La iniciativa, que incluye también el apoyo a los cuerpos de seguridad, se debatirá en el pleno de la corporación supramunicipal que se celebrará el próximo jueves.

La socialista Nuria Marín preside la Diputación gracias a un pacto con los neoconvergentes. Pero mientras el PSC ha denunciado los altercados y ha defendido la labor de los cuerpos policiales, JxCat reclama un cambio de modelo y se ha resistido a condenar el vandalismo para ganarse a la CUP en plenas negociaciones para formar el futuro gobierno catalán.

"Silencio incomprensible"

Los populares presentan esta moción para que "todos los partidos políticos condenen, sin ambigüedades, los actos violentos ilegales, sea cual sea su orientación política". El presidente del grupo popular, Xavier García Albiol, asegura que "ante los actos violentos tan graves que muchas ciudades de Cataluña están sufriendo durante la última semana, el silencio de algunos partidos políticos es incomprensible e irresponsable".

Los populares promueven condenar los actos violentos y expresar la solidaridad con las fuerzas de seguridad, especialmente los cuerpos antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y del Cuerpo Nacional de Policía, "en el cumplimiento de sus deberes de preservar el estado de derecho y los derechos y libertades de todos los ciudadanos". Albiol considera que "la violencia que se está viviendo en las calles durante la última semana ha sido muy grave y, de forma incomprensible, no ha sido condenada por partidos que forman actualmente el Gobierno en Cataluña y en España".

"Una sociedad donde los gobernantes toleran o alientan la violencia en las calles es una sociedad que está perdiendo el respeto por los propios fundamentos de la convivencia democrática y como responsables públicos no lo podemos permitir", concluye Albiol.