La recogida de la fruta en Lleida vuelve a estar en el centro de la polémica. Al igual que en años anteriores, los agentes sociales reprochan a la Consejería de Agricultura su falta de liderazgo para afrontar una campaña marcada por la llegada de temporeros y la amenaza latente del Covid-19. A pocos meses para que empiece la temporada, la Generalitat todavía no ha diseñado ninguna medida específica pese a las quejas de los trabajadores y empresas.
En una reunión sectorial celebrada el pasado martes, el debate sobre la situación del campo subió de tono ante el perfil bajo adoptado por el Govern. Fuentes consultadas hablan de episodios de tensión verbal y reproches mutuos entre los participantes. A la cita acudieron las principales organizaciones agrícolas catalanas, así como los ayuntamientos e instituciones representativas del territorio. Las diferencias entre los distintos actores estallaron frente a la pasividad de los responsables gubernativos. Consultado por Crónica Global, el Departamento encabezado por Teresa Jordà no ha hecho comentarios sobre el cónclave.
Protesta de los sindicatos
Los representantes de CCOO y UGT reprochan que el encuentro se saldase sin un plan para encarar la próxima campaña. También destacan la nula autocrítica sobre los errores cometidos durante el año pasado. La petición de los sindicatos es unánime: se necesita más control. En concreto, ambas organizaciones reclaman a la Consejería que tome cartas en el asunto respecto al fraude en la contratación de temporeros.
Alicia Buil, secretaria del sector de alimentación en UGT-FICA, pone como ejemplo la cuestión del alojamiento de los temporeros. "Según el artículo 39 del convenio colectivo agropecuario, la manutención de estos trabajadores debe correr a cargo de los empresarios. Sin embargo, en la reunión se propuso utilizar recursos públicos para ofrecer acogida de los trabajadores. Es una obligación de las empresas, no de la Administración", ha denunciado.
Sin voluntad de cambios
Para Buil, la primera obligación de la Generalitat pasa por conminar a las empresas a cumplir la normativa laboral y de prevención de riesgos. Por ello, la portavoz critica que no se haya recogido la propuesta ugetista de incorporar la figura del delegado de prevención agrícola, a través del convenio o por vía administrativa, para coordinar visitas de seguridad en los trabajos agrícolas.
Tarea más importante que nunca cuando los datos epidemiológicos del Covid siguen sin dar tregua a los profesionales sanitarios y cualquier foco de contagio podría generar una crisis sanitaria. Aunque el pronóstico no se espera que sea tan grave como en 2020, cuando la situación se descontroló completamente en las comarcas de Lleida, los sindicatos llaman a no bajar la guardia.
Propuestas de CCOO
En CCOO se suman a la decepción con el desenlace del encuentro. Además, lamentan que no se haya agendado todavía una nueva mesa de debate cuando quedan dos meses y medio para que empiece la recogida. "No tenemos esperanza de que haya voluntad para realizar cambios estructurales. Faltan recursos, coordinación y además llegamos tarde", ha declarado Cristina Rodríguez.
De hecho, esta representante reivindica la batería de iniciativas para dignificar las condiciones laborales lanzada por CCOO. Entre estas, se encuentran el uso del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) como proveedor de trabajadores para el sector, la fiscalización de las empresas temporales y la recuperación de la subvención para el mantenimiento y la mejora de los alojamientos agrarios. Rodríguez lamenta que "ninguna de las medidas" ha sido tomada en consideración por la Generalitat.
¿Cuántos temporeros son necesarios?
Las dudas sobre la cantidad de temporeros que necesita el campo leridano también ha reaparecido como en cursos anteriores. En 2020, unos 15.000 trabajadores temporales prestaron sus servicios en los cultivos de la región. UGT y CCOO consideran suficiente esta cifra y piden mayor concreción en los números para no generar un efecto llamada que resulte difícil de gestionar.
Por su parte, Unió de Pagesos calcula que este año serán necesarios entre 25.000 y 30.000 efectivos --el ejercicio anterior no hicieron falta tantas manos porque el mal tiempo echó a perder parte de la cosecha--. Esta cifra, detalla la organización, está avalada por la Consejería de Agricultura y no incluye los 10.000 trabajadores adicionales destinados a cooperativas y plantas transformadoras que sugieren otras entidades como Afrucat.
Reivindicación de Unió de Pagesos
"El payés es el primer interesado en que los temporeros duerman bien para que rindan en mejores condiciones. Además, no es cierto que haya tanto fraude: en 2020, se abrieron 700 inspecciones, de las cuales solo 14 terminaron en la presentación de una denuncia", explica Jaume Pedrós, responsable del área de temporeros en Unió de Pagesos.
El portavoz reivindica el buen hacer del grueso de la profesión, si bien reconoce que pueden darse casos de malas prácticas. En esta circunstancia excepcional, reclama la vacunación tanto de las cuadrillas como de los 5.000 propietarios que conforman el colectivo. "No creo que no podamos asumir este reto", propone frente a la desconfianza de los sindicatos sobre la virtualidad de este objetivo.
Más contratación en origen
Asimismo, pide distinguir entre los trabajadores sin documentación y nacionales o contratados en origen. "No podemos ofrecer alojamiento a personas que no tengan los papeles en regla y en realidad no sean nuestros trabajadores", expresa el representante.
Pedrós es partidario de que la Administración sea dura con quienes incumplan la normativa, pero también reclama más facilidades para una contratación ordenada y previa al inicio de la campaña agrícola. "No nos dejan otra opción si nos obstaculizan la contratación en origen. De unos 2.500 ciudadanos de Colombia que llegaban hace años, ahora solo contamos con 700", expone. En resumen, propuestas, las de los sindicatos y la Unió de Pagesos, que no podrán encarrilarse hasta contar con un equipo de gobierno decidido a asumir esta tarea pendiente del campo catalán.