La problemática de los temporeros agrícolas que se dedican, en toda España, a la recogida de la fruta ha sido siempre una realidad muy dura. Una gran parte de estos temporeros que recorren toda la geografía peninsular desde la fresa en Huelva o El Ejido hasta la fruta de Lleida o la uva está formada por personas inmigrantes fundamentalmente magrebíes o subsaharianos con papeles o sin ellos.

Este colectivo no solo hace frente a un trabajo muy duro sino que trabaja en muchos casos en condiciones no solo laborales sino también sociales e higiénicas deplorables y sometidos en muchas ocasiones a abusos empresariales y a discriminaciones racistas.

A los temporeros inmigrantes se les reclama desde las zonas agrícolas, cuantos más llegan más mano de obra hay y más fácil es reducir las retribuciones salariales. En cuanto a sus condiciones de subsistencia se los recluye en campamentos improvisados que carecen de las mínimas condiciones sanitarias e higiénicas fuera de las poblaciones, y con un potencial racismo poco disimulado en muchos casos. A los temporeros inmigrantes se los quiere para hacer estos trabajos duros y se los rechaza fuera del horario de trabajo. Se los quiere de día en el campo y se los rechaza fuera del trabajo en las poblaciones. Todavía podemos recordar episodios de violencia contra campamentos de inmigrantes hace unos años en El Ejido.

Hay que preguntarse por qué en un país con una alta tasa de paro hay demanda de inmigrantes para trabajar en la recogida de la fruta. Básicamente porque es un trabajo muy duro y mal pagado. Muchos empresarios prefieren esta mano de obra inmigrante porque es más dócil y más fácilmente explotable. Hay que señalar que los convenios del campo tienen sueldos muy bajos, en muchas ocasiones por debajo del salario mínimo de 900 euros. Por su parte los trabajadores españoles no están tan dispuestos a que se les pretenda hacer prolongar la jornada sin pagar las horas extras así como otros aspectos como desplazamientos, etc. Podemos señalar el caso de la recogida de la fresa en Huelva, donde los empresarios prefieren que la mano de obra sean mujeres marroquíes de zonas muy deprimidas que son muy vulnerables y a las que se puede explotar de forma abusiva e incluso hacerlas víctimas de abusos y vejaciones.

El problema para la población autóctona no es el tipo del trabajo sino las condiciones de trabajo. Hay que señalar que en muchos pueblos del sur de España la gente emigra en gran cuantía a la vendimia de Francia en lugar de ir a los campos de viña próximos a sus localidades de origen. El trabajo es el mismo pero el salario no tiene nada a ver ni las condiciones de trabajo, esto provoca que la gente prefiera emigrar lejos de su tierra.

Este año hemos asistido a las protestas de organizaciones de empresarios agrícolas andaluces y de la propia Junta de Andalucía contra las inspecciones de trabajo llevadas a cabo en las zonas agrícolas por parte de Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, para inspeccionar las denuncias sobre sobreexplotación a los temporeros que son desde hace mucho tiempo de conocimiento público.

Cómo hemos dicho antes no se trata solo de explotación sino de casos claros de comportamientos racistas hacia los temporeros. Podemos relatar dos casos que han sido bastante difundidos por los medios de comunicación.

En la población leridana de Alcarràs existe un bar conocido como El Recó de la Vero. Era un bar al que acudía la gente del pueblo, después se fueron acercando algunos temporeros subsaharianos y la gente del pueblo dejó de ir. Ahora todos sus usuarios son únicamente temporeros de ocho nacionalidades diferentes del África subsahariana, su propietaria se reivindica con orgullo del ahora llamado “bar de los negros”.

Otro ejemplo del racismo también este año en Lleida en plena pandemia del Covid ha sido el caso de un jugador de fútbol del Mónaco, catalán de origen senegalés, que al tener conocimiento de que muchos temporeros senegaleses dormían en las calles de Lleida se ofreció a pagarles el alojamiento en hoteles de la ciudad. Su sorpresa fue encontrarse con la negativa de los hoteles a alojarlos, y le costó encontrarles alojamiento.

Esta situación reiterada en lo referente a la situación de los temporeros emigrantes continúa año tras año sin que se arbitre ninguna solución. Lo que está claro es que hay empresarios agrícolas a los que les vale esta fórmula actual. No habría esta peregrinación de temporeros si no hubiera oferta de trabajo. Los temporeros se mueven por la perspectiva de un trabajo que precisan y lo hacen forzados por su supervivencia. Si fuera cierto que los empresarios contrataran en origen, que tuvieran equipamientos adecuados para albergar a sus temporeros, si tuvieran los contratos en regla, etc. no existirían estas peregrinaciones de temporeros que recorren la piel de toro al ritmo de las recogidas de las diversas frutas. Los temporeros agrícolas van allá donde hay posibilidades de trabajo, como lo hacen todos los migrantes. Si esta situación se repite cada verano es sin duda porque hay quién se beneficia de la contratación de la gente más vulnerable, con papeles o sin. Y contra más vulnerable es la situación del temporero mejor para los empresarios desaprensivos.

Este año con el Covid-10 todo ha sido todavía más grave. Los temporeros agrícolas sin contrato se mueven y malviven en busca de trabajo. Son gente joven y relativamente fuerte y para ellos lo principal es el trabajo, malviven en campamentos improvisados o en la calle con condiciones deplorables en cuando a sanidad e higiene. Para ellos no encontrarse demasiado bien de salud no es motivo para dejar de ir al trabajo y esto comporta en gran medida el riesgo de contagio. No es extraño que a las empresas hortofrutícolas de Aragón y del Segrià donde hay fuerte presencia de temporeros emigrantes se hayan dado fuertes rebrotes del Covid-19. Es como una maldición bíblica, se recibe lo que se siembra.

Cómo han denunciado los sindicatos es inadmisible que después de tantos años, ni los empresarios ni especialmente los poderes públicos de todos los ámbitos no hayan tomado medidas para evitar estas situaciones inhumanas a que están sometidos los temporeros agrícolas inmigrantes. Hay que establecer las normas para que las contrataciones sean legales, se tienen que establecer viviendas en condiciones para los temporeros con las debidas condiciones sanitarias e higiénicas, tanto por parte de los empresarios como de los ayuntamientos afectados. Y los poderes públicos tienen que garantizar las condiciones de trabajo y de vida de estas personas. Y hay que excluir los brotes de racismo, incluido el racismo subyacente existente entre nosotros.