El Ayuntamiento de Sant Cugat gastará tiempo y recursos públicos en litigar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por una pancarta por los presos independentistas. El gobierno municipal de ERC, CUP y PSC acudirá a la segunda instancia judicial para revertir la decisión de un juzgado de la jurisdicción contenciosa, que en noviembre de 2020 le ordenó retirarla.

Según ha podido saber este medio de fuentes judiciales, el tripartito de Sant Cugat ha recurrido al TSJC la decisión de la sala de lo contencioso-administrativo número 20 de Barcelona, cuyo titular afeó al Ejecutivo local que utilizara las instituciones para "reivindicaciones partidistas". Dio así la razón a Ciudadanos, que en 2018 llevó la pancarta y un lazo amarillo de gran tamaño que estaba también en el edificio ante la justicia. 

"Es una acto político"

En su exposición, el tripartito esgrime tres argumentos para acudir al TSJC. El primero es la supuesta incapacidad procesal de Ciudadanos, que a nivel municipal dirige Aldo Ciprián, para buscar amparo de la justicia en esta materia. La fuerza naranja no tendría la "legitimidad necesaria", sostiene el gobierno municipal. 

En segundo lugar, el letrado trata de desarbolar la causa de la primera fuerza en la oposición en Cataluña al alegar que el despliegue de símbolos de este tipo es un acto político y no administrativo, por lo que "queda fuera del procedimiento previsto". En tercer lugar, la defensa del consistorio ataca el supuesto de que la exhibición de símbolos políticos se haya efectuada por la vía de los hechos. "La supuesta vía de los hechos es una actividad política y precisamente quien impugna son diez miembros del mismo consistorio municipal y de diferente ideología", sostiene. 

La pancarta sigue ahí

Esta batería de argumentos pretenden defender la posición municipal. El Ejecutivo local ha abogado por mantener la pancarta mientras no hay ejecución de la sentencia. De hecho, a poco más de un mes de las elecciones municipales en Cataluña, previstas para el 14 de febrero, la tela de plástico sigue colocada sobre la fachada del edificio público. 

Cabe recordar que Ciudadanos llevó la colocación del símbolo independentista a la justicia al entender que "vulnera el principio de neutralidad institucional" de las administraciones. El juez avaló la queja del partido naranja y ordenó que se retirara, por cuanto supone una reivindicación de tipo político en un edificio público. El conflicto ha escalado ahora hasta el TSJC.