El gestor de vivienda de Colau le advierte de "mafias okupas" en Barcelona

Quien habla es Fermina Gómez, jefa de proyectos de Provivienda, la asociación que gestiona la bolsa de pisos de alquiler del gobierno municipal. Según la directiva, la okupación de inmuebles es tan virulenta en la capital catalana que "nosotros, que gestionamos la vivienda social, tenemos que colocar puertas blindadas y alarmas en los pisos cuando éstos se vacían". 

Gestor del parque público desde 2018

Provivienda es el gestor del parque público de alquiler social del Ayuntamiento de Barcelona. Lo es desde 2018, cuando ganó la licitación del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB, por sus siglas en catalán). Lo continúa siendo hasta ahora, ya que el nuevo concurso público convocado en junio aún no se ha resuelto. Provivienda es también miembro de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), que agrupa a asociaciones de intervención comunitaria. 

Con estas credenciales, la empresa da la voz de alarma. "La okupación se ha convertido en la tercera vía de acceso a la vivienda tras la compra y el alquiler. Y nosotros somos radicalmente contrarios a ella como solución", argumenta Gómez. "La solución a los problemas de acceso a un hogar pasan por la construcción de un mayor parque público, no por arrebatar una propiedad", defiende. 

"Tenemos que blindar los pisos"

En este escenario trabaja la entidad. "Tenemos okupas, sobre todo en los procesos de adjudicación de una vivienda. Los tenemos nosotros, pero también cualquier otra asociación que gestione una cartera de pisos. Sufren la okupación Arrels --decana en la lucha contra el sinhogarismo en Barcelona-- o Hábitat 3 --gestora de vivienda social de la Mesa del Tercer Sector, la patronal social--. Se ha convertido en un grave problema", admite la directiva. 

Según Gómez, existen "mafias" que depredan entre los vecinos más vulnerables. "Les venden llaves de pisos tomados como la solución a su situación, cuando no lo es", advierte. Ello ha provocado que Provivienda, igual que otros colectivos, tenga que "blindar las puertas y colocar alarmas" para evitar allanamientos. ¿Qué pasa si los sufren? "Abogamos por la mediación. Y ofrecemos todas las alternativas posibles, incluido un alquiler a bajo precio. Pero si no hay más opción y hay que recurrir al desahucio, lo hacemos", subraya. 

Diferencias con DESC y la PAH

Por ahora, los lanzamientos en la bolsa de alquiler del Ayuntamiento de Barcelona son "anecdóticos". Suman "menos de cinco" en un parque de unas 1.000 viviendas este año, según su gestor. 

La postura de Provivienda con la okupación es uno de los aspectos que diferencia a esta asociación de Observatori DESC y la PAH, entidades cercanas a BComú, el partido de Ada Colau. "Ellos tienen una postura y nosotros otra. No somos afines", concluye la directora de proyectos. 

El gobierno de Colau arropa a los okupas

Precisamente, esta discrepancia y la alerta que le lanza su propio gestor de vivienda social chocan con la postura del consistorio. Colau y los concejales de BComú han arropado distintas okupaciones en la capital catalana. ¿Cuáles? El llamado Bloc Llavors de Sants, por ejemplo, que terminó con la retirada del inversor de Barcelona por la inseguridad jurídica y tras encajar, paradójicamente, una multa millonaria del ayuntamiento. 

En otros casos, como en la llamada Casa Buenos Aires de Vallvidrera, el ayuntamiento expropiará la villa y la cederá a los intrusos. En la antigua comisaría de la Policía Nacional de Gràcia, ahora reconvertida en el allanado Casal Popular Tres Lliris, el concejal del distrito, Eloi Badia (BComú), ha entregado la gestión a los okupas. Con un contrato y un alquiler simbólico. En este caso, además, se da la circunstancia de que el activo es propiedad del IMHAB, que lleva tres años sin poderlo utilizar porque radicales independentistas lo tomaron a la fuerza en 2017.