Ciudadanos entrega a la fiscalía nuevas pruebas de fraude contra Borràs

Ciudadanos (Cs) ha presentado a la fiscalía nueva documentación sobre las irregularidades supuestamente cometidas por la candidata de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, en la contratación de un amigo cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El objetivo de Cs es que esos datos se incorporen a la causa abierta en el Tribunal Supremo contra la dirigente independentista.

Cs ha presentado el escrito en el que aporta nueva documentación --de la que informó Crónica Global-- que "demostraría que la exconsellera de Cultura Laura Borràs no habría seguido la normativa de contratación de los servicios informáticos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) cuando era la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)".

Con estos datos, la formación naranja pretende colaborar con la investigación abierta en el Tribunal Supremo contra Borràs por fraccionar contratos en beneficio de su amigo Isaías Herrero Florensa. La causa está abierta por los supuestos delitos de corrupción, prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Tal como anunció el jefe de la oposición y presidente del grupo de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, esta información podría ser relevante para la causa judicial que Borràs tiene abierta por malversación de fondos públicos y falsedad documental por presuntamente otorgar contratos a dedo a un amigo suyo.

"Aunque no se haya seguido el camino habitual"

En concreto, Cs ha facilitado datos sobre el expediente de un contrato menor por importe de 19.420 euros, en el que el interventor del Departamento de Cultura devolvió el documento contable dado que faltaba adjuntar la excepción autorizada del CTTI para eludir el concurso público. Posteriormente, Borràs envió un e-mail en el que insistía en la necesidad de pagar a Herrero por los servicios informáticos realizados. "Este tema debe quedar resuelto ya porque no puede esperar más", escribió la dirigente de JxCat, quien además afirmó: "Si Intervención necesita que yo esté de acuerdo en que se paguen los costes incurridos, pues estoy de acuerdo. Aunque no se haya hecho siguiendo el camino habitual".

Estos correos "constituyen pruebas e indicios más que suficientes de la posible evitación intencionada de cualquier tipo de procedimiento de contratación pública, como práctica de orillamiento de la normativa legal", explica Cs en su escrito dirigido al ministerio público.

Recuerda el acuerdo del Govern que, en octubre de 2011, encargó al CTTI la provisión centralizada y la gestión de soluciones TIC de la Administración de la Generalitat y su sector público, acuerdo que obligaba a las instituciones del sector público y de la Administración de la Generalitat a contratar los servicios de naturaleza informática a través del CTTI". En este sentido, en relación a la respuesta dada por el nuevo interventor a Laura Borràs, "había una obligación legal de contratar dicho servicios al CTTI que se estaba eludiendo, empezando a prestar el CTTI servicios al ICL a partir de 2017 y hasta la actualidad, siendo además el coste de los servicios muy inferiores a lo facturado por el señor Isaías Herrero y el resto de cooperativas y autónomos que recurrentemente presentaban presupuestos" (de 2.000 a 6.000 euros máximo).