El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha afirmado este lunes que no le parece "lo más normal" que el Govern independentista acuse por atentado a la autoridad en causas con mossos d'esquadra lesionados, como ha ocurrido con un independentista condenado a tres años y medio por los disturbios del primer aniversario del 1-O.
La Audiencia de Barcelona ha condenado al independentista Adrià Sas a tres años de cárcel por un delito de atentado a la autoridad y otros seis meses por lesiones, de los que le acusaron tanto los servicios jurídicos de la Generalitat como la Fiscalía, si bien le ha absuelto del de desórdenes públicos, que también le atribuían el Govern y el ministerio público.
"Obligatoriedad" de asistir a funcionarios
Preguntado en una rueda de prensa por el caso de Adrià Sas, Sàmper ha reconocido que la "obligatoriedad" que tiene la Generalitat de asistir judicialmente a cualquier funcionario que reclame por haber resultado lesionado en su actuación ha provocado "estas divergencias entre lo que podría parecer lo más normal y lo que realmente está sucediendo".
Una semana antes del juicio a Adrià Sas, los partidos nacionalistas del Parlament (JxCat, ERC, Comunes y la CUP) instaron sin éxito a la Generalitat a retirarse como acusación particular en la causa contra este manifestante.
Disturbios
Paralelamente, el propio Sàmper anunció en una comparecencia en la comisión de Interior del Parlament el pasado 11 de noviembre que la Generalitat estaba ultimando un acuerdo para que sus servicios jurídicos dejen de acusar por atentado a la autoridad en disturbios, de forma que limitarán a un delito de lesiones su acción si hay mossos d'esquadra heridos.
El conseller ha precisado hoy que cuando hizo este anuncio no comunicó ningún "compromiso", sino que explicó que estaban en esta línea de trabajo, que espera poder tener finalizada "en breve", ya que está "supeditada" a la intervención de otras conselleries, como Economía, que también tienen que dar su visto bueno.
"Principio de intervención mínima"
"Por lo tanto, estamos en la línea de encontrar esta solución que esté en la línea del derecho penal, del principio de intervención mínima. Esperamos tenerlo totalmente resuelto lo antes posible", ha apuntado.
El conseller ha remarcado este lunes que, en casos de disturbios, hay dos tipos de derechos que afectan a los mossos que resultan heridos: el personal, relativo a las lesiones, y el colectivo, como desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia o desobediencia.
Cede la responsabilidad a la Fiscalía
Sàmper, que de profesión es abogado, ha subrayado que la última jurisprudencia del Tribunal Supremo "viene a decir" que quien está legitimado para "realmente" actuar en relación con los delitos colectivos en estos casos de disturbios es la Fiscalía.
Por este motivo, ha recordado que cuando llegó a la conselleria impulsó una estrategia, en la que aún se está trabajando, para "intentar buscar una solución" que vaya en consonancia con el derecho penal, que promulga la "intervención mínima", ya que los funcionarios lesionados pueden recurrir a la Fiscalía para los derechos colectivos. "No hay ningún caso con un funcionario donde estos delitos colectivos no se hayan perseguido por parte del fiscal", ha declarado.