La justicia ordena renovar los conciertos a las escuelas que separan por sexo en Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado renovar por seis años (hasta el curso 2026-27) los conciertos de la Generalitat con las escuelas privadas que separan a los alumnos por sexo, unas subvenciones que ascienden a unos 30 millones de euros anuales.

El TSJC ha otorgado las medidas cautelares solicitadas por los centros de educación diferenciada contra la resolución de la Consejería de Educación que denegaba los conciertos en primaria para estas escuelas. Según el tribunal, estos colegios que segregan a los alumnos por sexo tienen el mismo derecho a recibir financiación pública que el resto de centros escolares catalanes.

La Generalitat rechazó la renovación

El pasado 3 de marzo, la Generalitat requirió a diez escuelas vinculadas al Opus Dei --los centros Canigó, Bell-lloc del Pla, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Esc. Fam. Agr. Campjoliu, Institució Tarragona, La Vall, La Farga y Viaró-- para que en el plazo de diez días alegaran las razones pedagógicas en que fundamentan la elección del modelo de educación diferenciada por sexos.

Y, semanas después, la Consejería de Educación resolvió en su contra. “Dado que no se ha podido acreditar el cumplimiento de las razones educativas de la elección de un modelo de escolarización diferenciada por sexos, ni la adopción de medidas académicas necesarias para garantizar que esta organización diferenciada no constituya un impedimento a la igualdad, tal como se establece al párrafo tercero del artículo 84.3 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, no se puede aprobar la renovación del concierto”, dictaminó el Govern.

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Recurso de escuelas del Opus

Pero a finales de octubre pasado, esas diez escuelas presentaron un recurso ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contenciso-Administrativo del TSJC contra la decisión de la Consejería de Educación de no renovar los conciertos educativos con esos centros para los próximos seis años.

A pesar de ello, el Govern dictaminó una prórroga de un año para no perjudicar a las familias que ya habían matriculado a sus hijos en esos centros. El coste de subvencionar estos colegios ascendía cada año a unos 30 millones de euros. Y ahora el TSJC ha dado la razón a los recurrentes de forma cautelar.

Graves repercusiones para los afectados

El TSJC considera que la pérdida del concierto supondrá que las familias deban asumir el coste de la enseñanza, y que algunos padres decidan cambiar a sus hijos de colegio --máxime en la situación de crisis económica actual--, lo que puede repercutir negativamente en sus resultados académicos. Además, una vez se hayan ido estos alumnos, es difícil que vuelvan al anterior colegio.

Recortar el concierto supondría, añade el TSJC, una desventaja respecto a otros colegios privados que sí lo reciben, y afectará gravemente a su situación económica. Todo ello a pesar de que uno de los magistrados ha presentado un voto particular en el que indica que los demandantes no han justificado suficientemente los perjuicios que les supondría la no renovación de los conciertos.