La aprobación de la denominada ley Celaá ha dado alas a quienes persiguen la eliminación del castellano en cualquier lugar de la esfera pública en Cataluña. Es el caso de Plataforma per la Llengua, organización afín y subvencionada por la Generalitat, que sugiere a los gobiernos autonómicos catalán, valenciano y balear aprovechar la supresión del castellano como "lengua vehicular" en la legislación educativa española para "intervenir en patios, comedores y actividades extraescolares para reforzar el catalán en estos espacios". Tal como suena.
La entidad ultranacionalista considera que la nueva ley permite a los gobiernos autonómicos "adoptar las medidas necesarias para conseguir", según ellos, "la plena competencia educativa en catalán de todo el alumnado".
La autodenominada "ONG del catalán" sostiene que la proporción de alumnos que no alcanzan las competencias mínimas de catalán en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares "es elevada". Y por ello exige a sus respectivas administraciones que tomen "de manera inmediata todas las medidas efectivas y necesarias" para "conseguirlo". Su sugerencia es imponer "un refuerzo" del programa de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña --donde el catalán es única lengua vehicular desde hace tres décadas-- incluyendo ahora "ámbitos educativos como el patio, el comedor y las actividades extraescolares".
"Marco legislativo español peligroso"
Plataforma per la Llengua, que en el pasado ya se dedicó a espiar la lengua que hablan los niños en los patios de las escuelas catalanas, considera en un documento de seis páginas que, a pesar de todo lo anterior, "el marco legislativo español continúa siendo peligroso para el catalán".
Esta entidad dedicada a erradicar el castellano como lengua cooficial en Cataluña lleva años recibiendo generosas subvenciones por parte de la Generalitat y otras administraciones catalanas --más de medio millón de euros del Govern tan sólo en el pasado ejercicio-- a pesar de desarrollar actividades de acoso lingüístico con iniciativas como la persecución y denuncia de los comercios que rotulan en español o la incitación al boicot de productos que etiquetan en esta lengua. Incluso, desde hace ya más de un año, pone a disposición de sus seguidores una app móvil para denunciar, geolocalizándolos con su nombre y dirección, los comercios donde se utiliza el castellano en Cataluña.