El sector inmobiliario se rebela contra la ley de regulación del alquiler

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha denunciado el "atentado contra el derecho a la propiedad privada" que representa la futura ley catalana de regulación del precio de los alquileres. Las críticas de los propietarios se suman a las reticencias de la patronal Foment del Treball, que también se ha opuesto a la normativa. 

La entidad ha advertido que la futura ley "vulnera la Constitución española" y "fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña". Para Asval, su aplicación "ahuyentaría la inversión necesaria para desarrollar un sector profesionalizado ante la falta de seguridad jurídica".

Perjudicial para las rentas bajas

La asociación advierte de que la norma provocará disfunciones en el mercado inmobiliario ya que muchos propietarios se verán tentados a compensar ilegalmente la diferencia entre el precio regulado y el de mercado. "Esto generaría graves consecuencias para los inquilinos, la salud de la economía catalana, sus ingresos fiscales y para el grueso de los propietarios", ha aseverado.

Además, ha avanzado que los colectivos vulnerables, las rentas más bajas y los jóvenes serán los más perjudicados, ya que asegura que el control de precios produce una reducción de la oferta, lo que decanta al propietario por inquilinos con mayor solvencia. Además, ha apuntado que en Cataluña el parque de vivienda social es "bajo y notablemente insuficiente" para cubrir el aumento de la demanda esperado.

Piden la retirada de la ley

Por todo ello, Asval ha apelado a las fuerzas políticas que apoyan esta norma en el Parlament a reflexionar sobre sus efectos negativos y retirar el proyecto "al ser contrario al derecho de propiedad reconocido en la Constitución". En este sentido, ha recordado que el Consejo de Garantías Estatutarias emitió en agosto su dictamen sobre esta ley señalando que varios de los artículos incumplían la Constitución y el Estatut.

Si la proposición de ley catalana se aprobara, la asociación ha asegurado que solicitará al Gobierno y a los partidos políticos con representación suficiente en el Congreso que impulsen un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Colaboración público-privada

Asval ha apostado por aumentar la oferta de vivienda en alquiler como alternativa a la iniciativa legislativa. Para ello, ha planteado medidas que incentiven un parque de vivienda en alquiler a precios por debajo de mercado para aquellas rentas más bajas, así como para jóvenes que buscan emanciparse.

"El sector y la Administración deberán idear fórmulas de colaboración público-privada para desarrollar el parque de vivienda asequible que necesita nuestro país, así como una política de ayudas públicas para aquellos colectivos más vulnerables", ha insistido.

Garantizar la seguridad jurídica

También ha reclamado un marco regulatorio "estable y transparente" que genere seguridad jurídica para el desarrollo del sector, así como una política de vivienda social pública.

Asimismo, Asval ha indicado que en los últimos diez años España ha destinado un 0,05% de su PIB a políticas de vivienda, provocando una escasez de viviendas sociales, lo que ha provocado que solo represente el 1,5% del parque total de vivienda, frente al 15% de media en la Unión Europea.

"Falta de diálogo"

"La clara inconstitucionalidad de buena parte del articulado del texto creará un tenso ambiente de inseguridad jurídica en el sector con efectos negativos en la oferta de vivienda", han añadido. Además, han lamentado lo que considera falta de diálogo durante el proceso de redacción y discusión de la propuesta.

Por último, han apostado por que el sector público adopte medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social o de renta limitada suficiente y estable en el tiempo mediante estímulos fiscales de todo tipo.