El Tribunal Supremo ha reactivado la causa abierta contra la portavoz parlamentaria de JxCat, Laura Borràs, a quien se investiga por ciertas irregularidades durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), la cual presidió entre 2013 y 2017. El juez ha ordenado recientemente una batería de diligencias solicitadas por la fiscalía para continuar con las investigaciones. 

El Supremo intenta descubrir si la diputada independentista adjudicó irregularmente a un amigo 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC. Según el tribunal, de probarse estos hechos, podrían constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros.

Nueva batería de diligencias

El magistrado ordenó hace unas semanas todas las diligencias que solicitó la fiscalía después de que Borràs se acogiese a su derecho a no declarar el pasado mes de julio, cuando compareció en el Supremo en calidad de investigada, según han informado fuentes judiciales a la Agencia Efe. Entre ellas, destacan el requerimientos a la ILC de alguna resolución firmada por Borràs.

El juez pide, entre otros documentos, actas de la junta de gobierno, los presupuestos de 2013 a 2017 y la identificación de la partida presupuestaria de la Generalitat de la que se nutre la institución. También se han solicitado diversas facturas, así como la previa certificación de ejecución para su pago y posterior autorización e intervención por parte de la directora, además de diversos pagos realizados por ILC. A esta lista de diligencias también se une la petición del análisis de movimientos bancarios, los expedientes de contratación y una prueba pericial sobre el material informático intervenido a Isaías Herrero --la persona a quien supuestamente Borràs adjudicó los contratos y que también está siendo investigado en la causa--. 

Borràs niega orregularidades

La portavoz parlamentaria de JxCat siempre ha negado cualquier irregularidad. De hecho, cuando fue citada a declarar, Borràs se acogió a su derecho a no hacerlo hasta que el Supremo presentase una prueba que "implicaría poder demostrar que esos trabajos se realizaron", así como quién es su autor y cuál era el precio objetivo. 

En atención a la petición de la fiscalía, el juez ha interrogado recientemente a un testigo de la causa. Habría uno más, pero todavía no ha podido ser localizado.