La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ve "persecución política" en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la tramitación de la denuncia presentada por Foment del Treball contra la campaña Consum Estratègic.
El TC ha decidido que debe ser la CNMC y no la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) la que debe resolver la demanda presentada por Foment del Treball contra el boicot a empresas no independentistas. La ANC recuerda que esta campaña "fue presentada en noviembre de 2018 con el objetivo de potenciar el compromiso de los consumidores con una economía sin injerencias políticas y desvinculada de los oligopolios que habían participado de la campaña del miedo".
"Venganza y "persecución política"
La entidad independentista afirma que "gracias a esta denuncia, el Estado español ha encontrado una oportunidad para castigar ejemplarmente la Asamblea. La decisión del Constitucional así lo demuestra. Hoy se ha vuelto a evidenciar que en España la Justicia está controlada políticamente y no responde a principios democráticos y de respeto a los derechos fundamentales, sino a la venganza y la persecución ideológica. Ahora, le ha tocado a la Asamblea ser el blanco de este estado que hace un uso antidemocrático de sus tribunales. Con el agravio que se han vulnerado, una vez más, las competencias de la Generalitat".
Considera la ANC que "a través de la vía administrativa y mercantil, España está tratando de asegurarse una resolución en contra de la entidad en una muestra más de represión económica que busca acabar con las entidades independentistas".
Denuncia en el Juzgado Mercantil
Foment también demandó Consum Estratègic al Juzgado Mercantil 11 de Barcelona bajo la acusación de conducta anticompetitiva. El 20 de diciembre de 2019, este Juzgado ejecutó las medidas cautelares que conllevaron el cierre de la web y la prohibición de hacer ningún tipo de acción pública de la campaña. Ahora está pendiente de resolver el pleito principal sobre el fondo.
En este caso concreto, las demandas de Foment son "un ataque al consumo responsable y de proximidad y representan una clara vulneración a la libertad de expresión de la ANC".